Cuando la justicia se vuelve injusta: los «culpables» de la política valenciana que finalmente no lo eran

«Todos los políticos roban». Si Tezanos hiciera una encuesta sobre la afinidad con esta afirmación, probablemente gran parte de la población española se sentiría identificada.

A lo largo de nuestra democracia, miles de políticos de todos los partidos se han visto inmersos en la sombra de la corrupción y los medios, en ocasiones, se han adelantado a sentenciar sobre la posible inocencia o culpabilidad del investigado, sobre todo en base a su afinidad ideológica.

Recientemente, se ha conocido la absolución de los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que tras 16 años investigados, la Justicia ratificó su absolución de forma tardía, cuando su carrera política había quedado muy atrás.

En la Comunidad Valenciana, durante años, el Partido Popular ha ejercido el Gobierno y, casualidad o no, más de 200 políticos del PP han sido imputados y finalmente absueltos. Con un centroderecha en auge, la estrategia de la izquierda fue sembrar la sospecha sobre la honorabilidad de los líderes valencianos más populares, arrebatándoles así el poder que no conseguían en las urnas.

Ejemplo de ello fueron el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia durante 24 años, Rita Barberá.

Estos casos, junto al de los exalcaldes Alperi, Castedo y tantos otros, son probablemente ejemplos de cuando la Justicia se vuelve injusta.

Según relatan muchos de los afectados, la mayor injusticia no es la condena prematura, sino el abandono de sus propios compañeros de filas y el complejo de una prensa que no investiga en profundidad por miedo a salirse del discurso oficial.

En estos días, en nuestro país están en auge expresiones como lawfare o «política del fango», promocionadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a causa de las investigaciones judiciales en torno a su mujer, Begoña Gómez.

Tras décadas de pesquisas y titulares hacia políticos de centroderecha, que si son condenados ocupan horas de tertulias y ríos de tinta y si no, o no se informa o se siembra la duda sobre la imparcialidad de la judicatura, en el momento en que es la izquierda la que se encuentra investigada, sus afines hablan de «guerra sucia judicial». Un ejemplo reciente en el territorio valenciano fue el de Mónica Oltra, que se vio obligada a dimitir por su presunta inacción y torpedeo en el caso de la niña que sufrió abusos sexuales por parte de quien era entonces su marido.

Camps y las 169 portadas de 'El País'

En el caso de Camps, fue presidente de la Generalitat Valenciana entre los años 2003 y 2011 y ganó por mayoría absoluta los tres comicios a los que se presentó como candidato, en los últimos incluso estando imputado.

En el año 2009, el juez vinculado al Partido socialista Baltasar Garzón imputa al jefe del Consell en el denominado caso Gürtel y a raíz de ese momento se vio inmerso en múltiples investigaciones de las que resultó absuelto:

• Caso de los trajes (pieza separada de la investigación de Gürtel).

• Caso por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

• Caso Nóos.

• Caso Valmor.

• Caso del centro de convenciones de Castellón.

• Caso por los contratos del V Encuentro Mundial de las Familias (visita del Papa).

• Caso por la construcción del circuito urbano de la Fórmula Uno en Valencia.

• Caso por la financiación del circuito urbano la Fórmula Uno en Valencia.

• Caso por falso testimonio relacionado con la pieza del caso Gürtel por la visita del Papa a Valencia.

Todos estos casos sembraron la duda en un político 'popular' dentro y fuera de la Comunidad Valenciana al que muchos señalaban como posible sucesor de Mariano Rajoy. Finalmente, la condena mediática, como las 169 portadas que el diario El País le dedicó, acabaron con su carrera política. En el caso del expresidente autonómico, aun tiene pendiente la resolución de las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones a Orange Market, en un caso visto para sentencia.

Guardias en la puerta de Barberá

Fue alcaldesa de Valencia desde 1991 hasta 2015, cuando perdió la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Durante su mandato, la izquierda política y mediática trató de vincularla con los casos Gürtel, Emarsa, Nóos e Imelsa, a los que acudió como testigo, pero no se le imputó.

Antes de las elecciones de 2015, Compromís abrió la web Rita Leaks, con el fin de acabar con la imagen pública de Barberá y uniendo su nombre a la corrupción. En palabras de Oltra, «se daba la vida padre a costa de todos. No sabe distinguir entre su dinero y el dinero de los demás». La coalición nacionalista llevó los gastos de Barberá durante su mandato a la Justicia, que acabó archivando la causa al no apreciar indicios de delito.

El último caso en el que se vio envuelta fue Taula, donde se le investigaba por un posible delito de blanqueo de capitales. Durante esos meses, la entonces senadora se vio perseguida por los medios de comunicación, que hacían guardia en su casa, llegando a grabar a través de las ventanas y ocupando horas de tertulias en las que ya se le había condenado.

El 21 de noviembre de 2016, fue llamada a declarar por el Tribunal Supremo en Madrid, pero no llegó a haber sentencia, ya que dos días después murió en un hotel de Madrid a consecuencia de un infarto al corazón.

Oltra, a la espera de los recursos

Fue portavoz de la coalición nacionalista Compromís desde el año 2007 hasta 2015, cuando accede al cargo de vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad. Durante su mandato, su entonces marido abusó sexualmente de una menor de edad de uno de los centros que tutelaba su administración, por lo que fue condenado a prisión.

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, abrió una investigación sobre si Oltra encubrió los abusos de su exmarido, por lo que se vio obligada a dimitir. La líder de Compromís en el momento de su dimisión dijo que la acusación contra ella «pasará a la historia de la infamia».

En abril de 2024, el juez archiva su causa por no haber indicios de que cargos de la Generalitat ordenaran desacreditar a la víctima, aunque cabe posibilidad de recurso, como ha hecho ya la víctima de su exmarido, en un recurso al que se ha adherido Vox.

El caso de Oltra es paradójico, ya que ella vivió aquello que practicó durante toda su vida política, el descrédito personal y la negación de su presunción de inocencia. La política nacionalista se dio a conocer por sus camisetas con fotos de Francisco Camps con la leyenda «Se busca».

Al contrario de los casos anteriores, en el caso de esta política, muchos medios han mantenido tertulias en las que se reflexiona sobre la presunción de inocencia y su propio partido le ha ofrecido volver a la vida política activa.