El Gobierno valenciano y el catalán se citarán con el gabinete de Planas para solucionar el conflicto pesquero

El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha movido ficha después de conocerse que Cataluña ha impuesto unilateralmente una 'frontera' a través del Plan de gestión del pulpo de les Terres de l'Ebre, que el Ejecutivo catalán aprobó en julio del 2023, pero del que el sector pesquero castellonense no ha sido conocedor hasta que se han comenzado a imponer las primeras sanciones a embarcaciones que habrían atravesado la delimitación con Tarragona.

Según informan a este periódico desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, el director General de Pesca, Francisco J. Espinós, envió el pasado 7 de mayo un escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que reprobaba la aplicación de la demora de 133º (durante décadas establecida en 123º). Una delimitación que arguye el Gobierno catalán para sancionar a los pescadores, que se encontraban en las aguas frente al municipio castellonense de Vinaroz.

Las mismas fuentes de la Consejería liderada por José Luis Aguirre (Vox) precisan que desde la Secretaría General del Departamento encabezado por el ministro Luis Planas se les comunicó telefónicamente que este asunto se abordaría en una reunión a tres bandas entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana, si bien «hasta el momento se sigue pendiente de esta convocatoria de reunión por parte del Gobierno central».

Los pescadores sopesan ir a la Justicia

«Actualmente la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca está en negociaciones para que desaparezca la línea divisoria del 133º y para encontrar una solución satisfactoria para los pescadores de la Comunitat Valenciana para que puedan aprovechar al máximo los días subvencionables que tienen por el tema de la parada (52 días)», señalan desde el Departamento de Aguirre, desde donde añaden que ya en diversas ocasiones han reivindicado ante el Ministerio del ramo una delimitación clara de las aguas entre las provincias de Tarragona y Castellón, aunque sin éxito, por el momento.

Esta situación ha conllevado que Cataluña haya impuesto ese límite por su cuenta, caldeando los ánimos entre los pescadores. Así, por ejemplo, el patrón mayor de la cofradía de Vinaroz, Mateo Fresquet, considera que «ha habido mala fe por parte de la Administración catalana, porque el límite estaba claro desde hacía décadas» y ahora lo han fijado «más lejos, en aguas de nuestra competencia, sin debatir». Por ello, si las Administraciones no consensuan una solución de manera dialogada se plantean llevar este asunto ante la Justicia.

La incógnita del interlocutor catalán

Alcanzar un acuerdo en estos momentos se puede ver asimismo dificultado por el hecho de que el actual Ejecutivo catalán, presidido por Pere Aragonès (ERC), tendrá, a priori, poco margen de maniobra, toda vez que, tras los resultados de las recientes elecciones catalanas, lo único claro es que los separatistas republicanos perderán el poder y darán paso a un nuevo Gobierno.

La ausencia de mayorías claras, tanto por parte del PSC de Salvador Illa como del Junts del prófugo Carles Puigdemont, podría incluso conducir a un nuevo escenario electoral. Por el momento, lo único claro es que han pasado diez días desde que el Consell comenzó los movimientos para comenzar a abordar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el conflicto y, por el momento, no hay fecha para que se celebre esa reunión a tres que pudiera encauzar el problema.