Playa de Oropesa, en Castellón
El litoral de Castellón se une en bloque para reclamar medidas al Gobierno de Sánchez
Los municipios costeros se han reunido con la Diputación de Castellón, que ha trasladado a Madrid sus necesidades y reclamaciones para salvar el litoral y frenar una regresión que está acabando con las playas de la provincia
190 kilómetros repartidos en 16 municipios y que conforman 96 playas y calas. Así es la costa castellonense, que se une en bloque para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez mejoras y medidas para proteger su litoral y frenar su regresión.
El pasado 7 de mayo la Diputación de Castellón se reunió con todos los municipios del litoral castellonense para recopilar toda la información necesaria acerca de los problemas de cada territorio, para trasladarlos posteriormente a Madrid. Así, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha actuado como portavoz de todos estos municipios con una reunión hace unos días con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Reunión en Madrid
A pesar de que «cada municipio tiene unas demandas concretas», todos se han unido de forma inédita para «reclamar un plan conjunto de acción en la costa de la provincia de Castellón», ha subrayado Barrachina.
En la reunión, la presidenta ha tenido la ocasión de exponer los problemas que tiene la costa de la provincia, «que requiere de atención y protección especial por la degradación que está sufriendo desde hace décadas». El documento entregado en Madrid recoge la «singularidad» e «idiosincrasia» de cada municipio y persigue el objetivo común de que el Gobierno central reconozca la «necesidad de marcar una hoja de ruta que recoja las inversiones y actuaciones requeridas para la protección del litoral».
Reunión de Marta Barrachina con el secretario de Estado de Medio Ambiente
Durante la reunión, a la que también ha asistido la directora General de la Costa y el Mar, Ana María Ortuño, Barrachina ha incidido en la política de deslindes, los derribos de inmuebles situados en dominio público, la modificación de la normativa de costas, la agilidad en los trámites e informar a los ayuntamientos cuando se esté actuando en su costa. «Esperamos que desde el Ministerio tengan en cuenta nuestras peticiones y la costa de la provincia sea escuchada y atendida», ha concluido la presidenta de la Diputación.
Los municipios costeros que han participado en el informe que se ha trasladado al Gobierno Central son Alcalá de Chivert, Almazora, Almenara, Benicarló, Benicasim, Burriana, Cabanes, Castellón, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa, Peñíscola, Torreblanca, Vinaroz y Chilches. Aunque cada uno tiene sus propios problemas, todos buscan medidas contra la regresión y solicitan que el Plan Litoral 2015 del Ministerio se ejecute y se actualice.
En Nules hay un 80 % del litoral sin regenerar, con tramos donde no existe playa y «cada año va a peor», según ha señalado el alcalde la localidad, David García, que considera que «el Gobierno de España está desperdiciando una oportunidad de llevar a cabo estas obras con fondos europeos por no haber hecho el trabajo a tiempo porque no tiene proyectos, ni estudios de impacto medioambiental hechos».
Ejemplo de Erosión en la playa de Oropesa del Mar, Castellón
Desde Moncofa han trasladado la urgencia por ejecutar actuaciones de regeneración en la costa que «aunque estaban previstas como en el caso de l'Estanyol, no llegan», ha asegurado su alcalde, Wences Alós. «Es necesario que la administración actúe con celeridad ante fenómenos meteorológicos que estos años han sido frecuentes y nos permitan resguardar las infraestructuras de que disponemos», ha comunicado el primer edil.
Los problemas en los diferentes territorios son múltiples. Otros ejemplos son el caso de Alcalá de Chivert, que espera desde hace tiempo una respuesta de Costas para poder reparar una zona de dominio marítimo-terrestre con sus propios recursos, o el caso de Cabanes, que está bajo amenaza de expropiación de casas en la zona de Torre la Sal.
Polémica Ley de Costas
La Ley de Costas es otro de los puntos que afecta al litoral de Castellón. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica tienen una filosofía muy restrictiva, sobre todo los cambios de deslinde que marcan el dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno central defiende los cambios por los efectos de regresión marina, mientras que los municipios afectados del litoral de Castellón reclaman que hay diferentes formas de evitar y frenar la regresión. Además, desde los municipios afectados señalan que gran parte de esta problemática viene ocasionada por obras autorizadas por el mismo Gobierno, como espigones de puertos.
Según han recordado desde la Diputación, fue entre 2015 y 2016 cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral de las cinco zonas que se identificaron como las más afectadas por la regresión, así como la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española. Las actuaciones previstas en el tramo de costa entre los puertos de Castellón y Sagunto están pendientes y forman parte de las demandas que ha llevado Barrachina a Madrid.
El reglamento estatal de Costas sufre un intenso debate en todo el país. Los cambios normativos del Gobierno fueron aprobados en 2022, pero el Tribunal Supremo los anuló recientemente por no haber un procedimiento de consulta pública.
Toda la costa castellonense, así como la del resto de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería se manifestaron en agosto del año en que se aprobó la nueva regulación. Hasta una treintena de asociaciones se concentraron en sus playas bajo el lema «Somos Mediterrania, por la regeneración de las playas», en la que se leyó un comunicado y se dirigieron preguntas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Manifestación por la Ley de Costas en Oropesa, Castellón
Ley autonómica de Costas
La Generalitat Valenciana es una de las autonomías que ha presentado alegaciones a este reglamento. El planteamiento del Consell es conjugar la protección de las amenazas del cambio climático, pero sin dejar desamparados a los propietarios de terrenos próximos, aseguran.
Según Vicente Martínez Mus, director general de Costas en la Generalitat, la regulación actual «es arbitraria, porque marca nuevos deslindes desde cualquier motivo, y esto crea una inseguridad jurídica. Antes, para hacer un deslinde tenían que existir varios temporales en un periodo determinado de tiempo, mientras que con esta norma, con una sola ola, podría hacerse este cambio».
Desde la Generalitat persiguen la creación de una ley autonómica de costas propia. Esta es una de las medidas propuestas por Salomé Pradas, quien está al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que pretende regular la concesión de chiringuitos o revisar aspectos de la normativa valenciana de protección del litoral (Pativel).
