PP y Vox celebran su primer año en la Generalitat Valenciana allanando el camino a tres de sus leyes clave

Los tiempos en política suelen estar calculados para que la estrategia diseñada por un gobierno, una institución o un partido en concreto pueda desplegarse sin mayor contratiempo. Pero también hay ocasiones en las que el calendario de la vida pública es caprichoso y provoca circunstancias llamativas. Un caso de ello es lo que esta semana están viviendo tanto el Partido Popular como Vox en la Comunidad Valenciana, ya que el martes celebraron un año desde las elecciones autonómicas que desalojaron al tripartito de Ximo Puig y pocas horas después la alegría continuó en las Cortes autonómicas.

Y es que ambas formaciones, que suman 53 de los 99 diputados de la Cámara regional solventaron sin apuro alguno otro trámite parlamentario con vistas a aprobar definitivamente el primer gran paquete legislativo de la coalición, que incluye la Ley de Libertad Educativa; de Radiotelevisión Valenciana; la referida a la Agencia Valenciana Antifraude; de Concordia, y la de Transparencia. De estas, las tres primeras han superado el Pleno en el que la oposición presentaba las respectivas enmiendas a la totalidad.

Pinchazo de la huelga educativa

En concreto, el texto de la Ley de Libertad Educativa deroga la llamada Ley de Plurilingüismo que sacaron adelante el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos y su objetivo principal es el de acabar con la imposición del valenciano en las aulas y la vuelta al sistema de dos líneas en el que son los padres quienes eligen la lengua en la que quieren que sus hijos estudien y no la Administración. Para la oposición, esta modificación supone «liquidar» el valenciano de los centros educativos, por lo que socialistas y nacionalistas apoyaron una huelga del profesorado el pasado día 23, un paro que apenas secundó el 22 % de los docentes.

Respecto a la de Radiotelevisión Valenciana, tiene como meta revertir el «desapego» que según tanto los 'populares' como los de Santiago Abascal los ciudadanos de la Comunidad tienen hacia este servicio público. Para ello, el espíritu de la ley se fundamenta en fusionar las dos sociedades que todavía a día de configuran el ente y hacerlo «más moderno, profesional y ágil», algo que la izquierda relaciona directamente con el «control político».

En cuanto a la norma relacionada con la Agencia Valenciana Antifraude, también sigue su curso parlamentario, aunque su presentación semanas atrás solo estuvo firmada por el PP, sin el acompañamiento de Vox. Esta ley contempla el cambio de mayorías en el Hemiciclo valenciano a la hora de elegir al director del organismo (vacante desde hace unos días), así como el aumento de su sueldo. Al igual que con los anteriores dos textos, el PSPV-PSOE y Compromís expresan su frontal rechazo, aludiendo a un supuesto «asalto» a la institución.

Es por ello que los dos partidos registraron sendas enmiendas a la totalidad a las tres leyes a debatir. Era un paso tan previsible como su desenlace, pero este avance en el haber del Consell y de las formaciones que lo componen lo que hace es acercar la fecha en que de manera definitiva las leyes verán luz verde. Según fuentes consultadas, en principio eso será «a finales de julio» y cuando eso suceda estas tres normas irán al Pleno acompañadas de las otras dos, la Ley de Concordia y la de Transparencia, que inician el debate a totalidad el 12 y 13 de junio, ya después de las elecciones europeas.