Carlos Fabra, expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, saliendo de los juzgados

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, saliendo de los juzgadosEFE / Andreu Esteban

Castellón  La Justicia reabre la causa contra Carlos Fabra y Sergio García por el campo de golf de Borriol

El expresidente de la Diputación Provincial de Castellón volverá a los juzgados como investigado por posibles delitos societarios en la adquisición de los terrenos

El expresidente de la Diputación Provincial de Castellón Carlos Fabra vuelve a los juzgados. La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado reabrir la causa en la que se investigan posibles delitos societarios en la adquisición del campo de golf ubicado en la localidad de Borriol, en la que figuraban como investigados el expresidente, el golfista Sergio García y su padre.

Tras la revisión de las declaraciones y diligencias practicadas en este procedimiento, entre ellas los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, la jueza procede a estimar el recurso y dejar sin efecto el auto de archivo para que el procedimiento siga su curso y se pueda formular escrito de acusación. Este auto que acuerda la reapertura de la causa es del 7 de junio de 2024 y puede ser recurrido en apelación.

Cabe recordar que el caso del campo de golf se remonta años atrás y ha dado que hablar en los tribunales desde el 2016. La causa se abrió en julio de ese mismo año, pero fue archivada en un primer momento en mayo de 2017 y se reabrió con posterioridad en 2020. En esas fechas aparecieron nuevos datos en el marco de otro procedimiento, el que se sigue por la presunta ocultación del patrimonio de Fabra.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón estimó en enero de 2024 la solicitud de sobreseimiento de las actuaciones formulada por los tres investigados, planteada por el Ministerio Fiscal, que acordaba el sobreseimiento provisional del caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Préstamo de 100.000 euros

Cuando el caso comenzó, la magistrada entendía que no existía «relación alguna» entre el préstamo de 100.000 euros efectuado por el padre del golfista a Fabra en 2009 con la adquisición por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, de los terrenos propiedad de Golf del Mediterráneo SA, cuyo consejo de administración presidía también el expresidente de la Diputación.

«La constitución de las hipotecas que prestó Golf del Mediterráneo SA fue realizada por decisión del Consejo de Administración y ratificada por la Junta General de la sociedad», recogía el auto de la jueza.

Esas decisiones estaban «fuera del alcance y poder de decisión» del exdirigente 'popular', «cuya participación quedaba reducida a emitir su propio voto sin ostentar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo», añadió.

La juzgadora tampoco apreciaba la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas.

«Tranquilo, ahora y siempre»

Las últimas declaraciones de Fabra acerca del campo de golf fueron en octubre de 2023, cuando tras salir de declarar del juzgado en Castellón aseguró estar «tranquilo, ahora y siempre». Por el momento, el expresidente de la Diputación no se ha pronunciado acerca de la reapertura del caso.

La Fiscalía investiga si Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales. Según diferentes investigaciones, el imputado podría haber vendido suelo a amigos por un precio muy inferior al del mercado.

El llamado caso Fabra, que causó revuelo en la provincia de Castellón y en toda la Comunidad Valenciana, implicó una pena de cárcel y una multa de más de un millón de euros. El expresidente del PPCS estaba acusado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Aunque varios de estos delitos fueron desestimados durante el juicio, sí que se detectó el fraude fiscal, que condenó al exmandatario a cuatro años de cárcel, de los cuales cumplió más de dos y abonó la multa económica impuesta por defraudar a Hacienda.

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