Comunidad Valenciana  PP y Vox instan en las Cortes Valencianas al Gobierno a controlar la transparencia de sindicatos y patronales

Las Cortes Valencianas aprobaron este jueves una proposición no de ley (PNL) a iniciativa de Vox con tal de velar por la transparencia de sindicatos y organizaciones empresariales. La medida salió adelante con los votos a favor de los de Santiago Abascal y del Partido Popular, es decir, las dos formaciones que componen el Consell, mientras que el PSPV-PSOE y Compromís la rechazaron.

En un primer momento, la formación verde registró el texto en septiembre de 2023, recién iniciada la legislatura. Por entonces, reclamaba al Ejecutivo central reformar la Ley de Transparencia para que los datos económicos de sindicatos y patronales no fueran «solo conocidos por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad», a la par que exigía la elaboración de un código ético a ambos sectores que permitiese «depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción».

Sin embargo, tras enmendar su propia norma junto a los 'populares', la definitiva emplaza al Gobierno a que vele por el «cumplimiento efectivo del principio de publicidad e información relativa a los actos de gestión administrativa, con repercusión económica o presupuestaria, de las organizaciones sindicales y empresariales» y que garantice el «estricto cumplimiento de la Ley 19/2013 al objeto de dar la publicidad requerida de la financiación, subvenciones y ayudas públicas».

«Sindicatos SA»

La defensa de la PNL por parte de Vox ha corrido a cargo de la diputada autonómica Teresa Ramírez, que ha afirmado que su partido cree «en los trabajadores, en la famosa España que madruga, en los que con su esfuerzo sacan a sus familias adelante, en los que pagan impuestos», por lo que considera que «se debe dignificar a todos y cada uno de los delegados y organizaciones sindicales a responder ante la sociedad, obligando a que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno sean los ejes fundamentales de toda acción política».

En este sentido, la parlamentaria subraya que «desde hace años, los grandes sindicatos se han ganado la desconfianza y desprecio de los trabajadores y de la sociedad, convirtiendo el objetivo de servicio en una empresa privada con ánimo de lucro». «Sindicatos SA, que se financia con dinero público», añade.

Ayudas millonarias cada año

Su posición Ramírez la sustenta en que «las élites sindicales no defienden la justicia social, de la que son abanderados», sino que, en su opinión, hacen «un mero discurso de la lucha de clases y de políticas de izquierda» y aporta datos al respecto. De este modo, señala que en 2021, el Ministerio de Trabajo y Economía Social «repartió subvenciones entre 162 sindicatos», pero «tan solo diez de ellos se llevaron el 94 % del total de las ayudas estatales y dos fueron los que se llevaron la mayor parte: Comisiones Obreras, con 5,28 millones de euros y UGT, con 4,7 millones».

Igualmente, la diputada de Vox relata que entre 2018 y junio de 2022, las ayudas públicas concedidas a las organizaciones sindicales y empresariales «sumaron cerca de 1.200 millones de euros», es decir, «unos 260 millones anuales, cantidad que sube a 350 millones en el año 2021, según el Informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)», detalla Ramírez.

Finalmente, incide en que «la partida para los sindicatos ha crecido hasta los 17 millones de euros en 2022, después de duplicarse en los anteriores Presupuestos», una situación que contrapone con la vivida en ese mismo tiempo por los «transportistas de toda España» cuando secundaron una huelga «convocada por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías» y los sindicatos mayoritarios «no han apoyado los paros y hablan, incluso, de irresponsabilidad».