El Gobierno valenciano alega contra los deslindes de Ribera a la espera de aprobar su propia ley de costas

Un nuevo caso se suma a la problemática de los deslindes en las playas de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión afecta a la playa de La Goleta, en Tabernes de Valldigna, entre el límite con el término municipal de Cullera y el Paseo de los Naranjos, donde se ha vuelto a modificar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa, que es de unos 510 metros de longitud.

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que encabeza Salomé Pradas, ha presentado alegaciones contra este procedimiento. Un caso más que se suma a muchas otras playas valencianas en las que los vecinos se ven afectados por estos límites incluidos en la actual Ley de Costas del Gobierno central, que lleva causando debate en todo el país desde su aprobación en 2022.

Cabe recordar que el Consell espera poder sacar adelante su propia Ley de Costas valenciana para paliar la situación actual que sufre el litoral valenciano, poniendo el foco en los problemas concretos que sufren los municipios costeros de la región.

La Generalitat Valenciana cuenta con tener el visto bueno de la Unión Europea para sacar adelante su nueva ley autonómica, ya que no confían en contar con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Teresa Ribera. Gracias a la victoria del Partido Popular en las elecciones europeas del 9-J, el Ejecutivo valenciano está cada vez más cerca de lograr su objetivo.

«Contradicciones» del Gobierno central

En el caso de Tabernes de Valldigna, el más actual que se suma a los problemas de la Ley de Costas, Vicente Martínez Mus, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, se ha personado en el acto de apeo en el ayuntamiento de la localidad, donde ha señalado que «se trata de un expediente muy agresivo, a diferencia de otros que hemos tenido, que se aplica en una zona ya deslindada».

«El Ministerio de Transición Ecológica se contradice, ya que venía diciendo que deslindaba tramos pendientes, no revisaba los ya hechos» y ha añadido que, «nos oponemos, una vez más, a que el Ministerio prive de derechos y oportunidades de futuro a los vecinos».

Martínez Mus ha remarcado que «el Gobierno central intenta explicar que es un deslinde que no afecta a muchas personas y no es verdad. Modificar la línea genera nuevas afecciones a propietarios, que están en lo que se llama servidumbre de tránsito o de protección y estos vecinos van a ver muy limitados sus derechos de propiedad».

Anticipar el deslinde a la ejecución de esas obras es generar graves perjuicios a particulares sin necesidadVicente Martínez MusDirector general de Costas, Puertos y Aeropuertos

Por una parte, el director general ha expuesto que «está comprobado que hay una aplicación indebida de la ley y que el deslinde, en el caso de insistir practicarlo, debería volver a iniciarse en cualquier caso aplicando el reglamento en la versión anterior a una modificación declarada nula previamente por el Tribunal Supremo».

Por otra parte, Martínez Mus ha manifestado la falta de oportunidad de la demarcación ya que se pretende revisar una zona ya deslindada en 1999. «Es incongruente con la estrategia plasmada y manifestada en numerosas ocasiones por el Ministerio para la Transición Ecológica de deslindar los terrenos que no lo estuvieran desde la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988», ha explicado el director general.

Asimismo, en este caso, Martínez Mus ha insistido en que «existe un deslinde vigente, además de obras en trámite y proyectadas otras que podrían hacer variar sensiblemente la línea de ribera de mar y la de dominio público marítimo terrestre». Por lo que «anticipar el deslinde a la ejecución de esas obras es generar graves perjuicios a particulares sin necesidad», ha añadido.

Además, «no queda justificado el motivo de la modificación de la línea de dominio público, más si cabe cuando el Ministerio indica que la causa son los temporales acaecidos en 2020, causa de nulidad decretada por el Tribunal Supremo de la modificación del Reglamento General de Costas (agosto de 2022)», ha puntualizado.

Ley de Costas «arbitraria»

Por último, para el director general se trata «de un golpe de fuerza más que forma parte de la vorágine por deslindar del Gobierno central». También ha destacado que «la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en las costas de la Comunitat Valenciana» y ha recordado que el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias en la materia.

Mus ya se ha pronunciado en otras ocasiones respecto a la Ley de Costas, donde ha recalcado que la regulación actual «es arbitraria, porque marca nuevos deslindes desde cualquier motivo, y esto crea una inseguridad jurídica».

Y es que el caso de los deslindes de Tabernes de Valldigna no es el único que afecta a los municipios costeros valencianos. Otro de los más perjudicados de la lista es Denia, donde algunos vecinos con viviendas dentro de los límites tendrán que dejar de ser propietarios de sus propias casas, donde tan solo les permitirán vivir en ellas durante un periodo de tiempo, pero sin poder obrar y con la demolición final del inmueble pagadas por ellos.