El Gobierno de Mazón espera que la UE le dé el visto bueno a su Ley de Costas pese a la oposición de Sánchez

Las costas valencianas están batallando por cada metro de arena de sus playas. La Ley de Costas actual, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene una filosofía muy restrictiva, que perjudica a todo el litoral y por el que la Comunidad Valenciana lleva años luchando, principalmente, por los cambios de deslinde.

Desde la Generalitat Valenciana buscan paliar la situación aprobando su propia Ley de Costas, poniendo el foco en los problemas concretos del litoral valenciano y de sus municipios, con el visto bueno de la Unión Europea. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha incidido en que «tenemos que proteger nuestras costas, por eso necesitamos el apoyo de Europa, porque el Gobierno de España nos está dejando sin costas, sin el derecho a la propiedad privada, sin turismo y sin protección de nuestras propias playas».

Está en juego la normativa para nuestro medio ambiente y nuestras costasCarlos MazónPresidente de la Generalitat Valenciana

Mazón ha recalcado la importancia de las elecciones europeas, ya que los populares dan por hecho que no obtendrán la aprobación del Ejecutivo central para sacar adelante su propuesta: «Necesitamos que tenga el aval de Europa porque sabemos que el del Gobierno de Sánchez no lo va a tener. Vamos a luchar y llegaremos hasta donde haga falta. Es posible la sostenibilidad y el equilibrio desde el sentido común».

El presidente ha afirmado que «en estas elecciones nos jugamos mucho más de lo que puede parecer. Yo comprendo que muchas veces a los ciudadanos les pueden resultar las situaciones europeas lejanas, pero no es así porque está en juego la normativa para nuestro medio ambiente, nuestras costas, nuestras infraestructuras, nuestra agricultura o nuestra pesca y debemos tener fuerza en Europa».

Ley autonómica de costas

El reglamento estatal de Costas actual sufre un intenso debate en todo el país. Los cambios normativos del Gobierno fueron aprobados en 2022, pero el Tribunal Supremo los anuló recientemente por no haber un procedimiento de consulta pública.

En relación a la Ley de Costas, Mazón ha asegurado que el Gobierno de Sánchez ha generado «inseguridad jurídica» tanto para los propietarios de las viviendas del litoral, como para los trabajadores y turistas, y «no todo puede ser dogma, regresión y control», como se ha hecho en la Ley de Costas, que a su juicio, «quita derechos a los propietarios o les impide arreglar sus casas».

La Generalitat Valenciana es una de las autonomías que ha presentado alegaciones a este reglamento. El planteamiento del Consell es conjugar la protección de las amenazas del cambio climático, pero sin dejar desamparados a los propietarios de terrenos próximos, aseguran.

«Queremos ejercer nuestro derecho, que lo tenemos, a ordenar nuestra costa, a gestionar lo que ocurre en un espacio donde vive el 70 % de la población, donde se genera el 15 % de nuestro PIB y donde se concentran 331 playas, 10 puertos comerciales, 36 pesqueros, 43 deportivos, 24 clubes náuticos, y 10 parques naturales», ha detallado el presidente de la Generalitat.

Por su parte, Vicente Martínez Mus, director general de Costas en la Generalitat, ha asegurado que la regulación actual «es arbitraria, porque marca nuevos deslindes desde cualquier motivo, y esto crea una inseguridad jurídica. Antes, para hacer un deslinde tenían que existir varios temporales en un periodo determinado de tiempo, mientras que con esta norma, con una sola ola, podría hacerse este cambio».

Demoliciones y desahucios

Algunos de los casos más sonados de los municipios costeros afectados por la Ley de Costas en la Comunidad Valenciana es el de Denia. Algunos de los vecinos con viviendas dentro del ámbito de los deslindes tendrán que dejar de ser propietarios de sus casas, donde tan solo les permitirán vivir en ellas durante un periodo de tiempo, pero sin poder obrar y con la demolición final de las casas pagadas por ellos mismos.

Otro caso similar es el que sufren las viviendas de Torre la Sal, en Cabanes. En mayo de 2021, el PSOE amenazó con derribar las casas mediante una carta de demolición de propiedades y a día de hoy los propietarios de dichas viviendas siguen sin tener una resolución clara sobre el futuro de los inmuebles.