El portavoz de Vox en las Cortes valencianas, José María Llanos, durante un pleno en las Cortes, la semana pasada
PP y Vox creen que su Ley de Concordia valenciana salvará los recursos de Sánchez pese al freno a la de Aragón
Ambas fuerzas políticas consideran que su futura norma es Constitucional, ya que no desprotege a las víctimas de la dictadura, sino que amplía los derechos a otras, a las que otorga el mismo rango
Tranquilidad. Esa es la sensación que desprenden tanto PP como Vox en la Comunidad Valenciana respecto a la posibilidad de que su futura Ley de Concordia acabe frenada por la Justicia después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley que derogaba en Aragón la Ley de Memoria Democrática tras admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que su Ejecutivo ya advirtió de que presentaría recursos contra las leyes de Concordia presentadas por los Gobiernos de las formaciones de derecha en varias comunidades autónomas.
En el caso valenciano, los dos partidos han expresado este martes las claves de por qué su Proposición de Ley seguirá adelante en su desarrollo legislativo y podrá ser aprobada e implementada sin sobresaltos. Como ha explicado el portavoz de los 'populares' en las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, la futura norma valenciana «no solo preserva los derechos de todas las víctimas reconocidas, sino que amplía ese reconocimiento y trato a los crímenes después en democracia». «Las familias de víctimas de ETA tienen el mismo derecho a seguir peleando por la memoria de sus familiares. Es una norma tremendamente respetuosa con todas las víctimas», ha abundado.
Un argumento similar ha empleado su homólogo de Vox en la Cámara valenciana, José María Llanos, quien ha explicado, también este martes, que «la Ley de Aragón no tiene nada que ver con la Ley de Concordia de la Comunidad valenciana», ya que ésta « acoge la igualdad de todos los españoles, que considera exactamente igual a todas las víctimas y exactamente igual a todos los culpables» y ha recordado que en la ley valenciana se preservarán todos los derechos de las víctimas de la dictadura franquista que recoge la Ley de Memoria.
«Se mantiene el reconocimiento de los vestigios, se mantienen las exhumaciones, etcétera», ha detallado en este sentido. Asimismo, en otro plano, ha evidenciado una diferencia formal clave entre ambas normas. «En aquella –en alusión a la de Aragón– se deroga la ley anterior y con un artículo único suprimiéndolo todo y aquí lo que hacemos es aprobar una nueva ley», ha precisado.
A la derecha de la imagen, el síndico del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina
Desde Vox han avisado, sin embargo, de que el Constitucional «es un tribunal muy politizado». «Desde que nació Vox, hace diez años, siempre hemos defendido que el TC debe ser la sala sexta del Tribunal Supremo, porque un tribunal donde de sus 12 miembros se eligen cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado (es decir por los partidos políticos), dos por el Gobierno y solo dos por el Consejo General de Poder Judicial, es un tribunal elegido por los políticos. Y eso es lo que ha pasado con la Ley de Memoria de Aragón», ha zanjado el síndico del partido conservador.
La izquierda confía en que se paralice
Más optimistas se han mostrado desde la izquierda sobre la posibilidad de que un recurso del Gobierno de Sánchez pueda prosperar en el TC y tumbar la norma valenciana. La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha indicado que a la Ley de Concordia valenciana le espera «el mismo futuro» que a la aragonesa, al suponer, a su juicio, una «clara vulneración de la Constitución Española». Según la dirigente de los nacionalistas valencianos, la norma es «vulneradora de tratados en materia de derechos humanos» y ha augurado que «por encima del resto está el derecho internacional humanitario», por lo que ha confiado en su futura derogación.
En la misma línea, el portavoz del PSPV en las Cortes, José Muñoz, ha afirmado que «los precedentes son muy negativos tanto en materia internacional» como en el reciente caso aragonés. Muñoz ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Carlos Mazón, al que ha definido como el «presidente del PP más radical de toda España», que se «enmiende a sí mismo la plana» y rectifique. Lejos de las pretensiones del político socialista valenciano, Mazón ha apuntado que la Ley de Concordia Valenciana y la derogación de la norma aragonesa «son casos jurídicos distintos» y, por ello, «cada uno debe tener su tratamiento». La tramitación de la ley irá al Pleno la próxima semana y ni PP ni Vox se plantean realizar modificación alguna.
