Vicent Marzà: el ideólogo de la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana que aterriza en Bruselas

«Señor Baldoví, no me extraña que no quiera usted hablar de las elecciones europeas, pero sí le reconozco una cosa: es usted, junto conmigo el gran ganador de las elecciones europeas. Por fin el señor Marzà está fuera de las Cortes Valencianas. Muchas gracias». De esta manera tan contundente concluyó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su réplica al portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas el pasado jueves durante la sesión de control al Consell.

Y es que el aludido ha sido elegido eurodiputado en los comicios comunitarios del pasado 9 de junio por Sumar. La macrocoalición de Yolanda Díaz obtuvo tres escaños y el del nacionalista fue el tercero. Resultado agónico, pero válido para los valencianos, ya que tendrán representación en Bruselas hasta 2029 por boca del que fuera consejero de Educación y Cultura entre 2015 y 2022.

Precisamente, esa responsabilidad fue la que encumbró a un Marzà (Castellón de la Plana, 1983) a un alto cargo en la política regional valenciana y que, a su vez y por méritos propios, le puso infinidad de veces no solo en el candelero mediático, sino también judicial. El recién elegido eurodiputado aterrizará en la capital comunitaria con una mochila más que cargada de escándalos, ideología y polémicas por doquier.

'Procés' a la valenciana

De hecho, el dirigente de Compromís es, así lo defiende y se siente orgulloso de ello, el arquitecto de la política de imposición lingüística que vive la Comunidad Valenciana desde que el socialista Ximo Puig accedió al poder y que el Consell del 'popular' Carlos Mazón se está encargando de desmontar cuanto antes y no sin dificultad. Una de las exigencias de Compromís cuando el ahora embajador de España ante la OCDE llegó al Palau de la Generalitat fue hacerse con la cartera de Educación, una responsabilidad que en ningún momento dudó Puig en acceder a ella.

Desde su departamento, Marzà no tuvo el menor reparo en importar a Castellón, Valencia y Alicante toda la política lingüística y educativa que durante décadas se está desarrollando en Cataluña, es decir, generar un procés a la valenciana, en palabras tanto del Partido Popular como de Vox. Para ello, tampoco tardó lo más mínimo en impulsar una serie de medidas cuyo máximo y primordial objetivo era el de marginar hasta la extenuación el castellano en las aulas y, a la par, favorecer y primar el valenciano ante todo y ante todos.

Sustituto de Mónica Oltra

Con claras y presumidas filias independentistas y sin ningún rubor en coincidir en manifestaciones secesionistas con personajes como Quim Torra, el de Compromís debutó demonizando a la escuela concertada, puesto que quería «acabar con la barra libre de los conciertos». Esta actitud le conllevó uno de sus primeros varapalos en los tribunales. No fue el único, ya que acumula casi medio centenar de sentencias en su contra, todo un récord en una consejería tan sensible y transversal como la suya.

Quizás el más sonoro fue a raíz de lo que hasta hace escasas semanas se llamaba Ley de Plurilingüismo, una norma que pretendía ser la primera piedra de un proyecto político y social pero que, tras las elecciones del pasado 28-M, se vino abajo por la derogación del actual Consell. Fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el que le tumbó a Marzà su primera intentona al respecto por menospreciar a los estudiantes castellanohablantes de la región.

No contento con ello, y lejos de dimitir o de poner su cargo a disposición del presidente de la Generalitat, el consejero prosiguió con su hoja de ruta y, tras varias modificaciones, logró sacarla adelante. Le salvó que el entonces Gobierno de Mariano Rajoy iba a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la moción de censura ganada por Pedro Sánchez con el correspondiente apoyo de Compromís paralizó dicho trámite. En el haber de Marzà siempre quedará, por otra parte, la exclusión de los alumnos de las universidades privadas de la Comunidad al acceso a las becas otorgadas por su departamento.

Dimitió en 2022 con el pretexto de reforzar a Compromís desde el propio partido y sin dedicarse a la gestión pública, pero entre los propios militantes nacionalistas y analistas de toda raza y condición era generalizada la idea de que su renuncia se debía a que su pretensión real era la de postularse como eventual sustituto de una Mónica Oltra que, por aquellos momentos, estaba al borde de la imputación. Finalmente, aunque la otrora vicepresidenta resultó investigada y tuvo que dar un paso atrás, se cuidó mucho de mantener su influencia en Compromís colocando a su delfín, Aitana Mas, y, de ese modo, cerrando las puertas a las aspiraciones de Marzà.

Ahora, o más bien desde mediados de julio aproximadamente, el nacionalista será la voz de Compromís en Bruselas, donde tiene la oportunidad de defender la necesidad de que la provincia de Alicante pueda seguir teniendo el trasvase Tajo-Segura, arengar a las instituciones comunitarias a que ayuden de manera clara, efectiva y sin complejos al campo autonómico y donde tiene potestad para exigir al Gobierno de España que acelere las obras del Corredor Mediterráneo en todo el litoral y que no solo se centre en Cataluña. Tiene cinco años por delante, los suficientes para que los ciudadanos valoren si para Marzà prima la ideología y las siglas sobre los intereses de su representados.