Los economistas valencianos exigen igualdad y Justicia en el reparto de fondos en plena polémica por Cataluña
El decano del Colegio de Economistas de Valencia ha apelado al artículo 31 de la Constitución Española, «que impone que todos contribuyamos según un sistema tributario justo e inspirado en principios de igualdad y progresividad»
El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha reclamado, en plena polémica por la propuesta de «financiación singular» para Cataluña, anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que los poderes públicos apliquen la Constitución y que el reparto del gasto público se realizase mediante una «asignación equitativa de los recursos públicos».
De hecho, ha recordado que la «igualdad, progresividad, justicia y equidad son todos ellos valores propugnados por la CE y plenamente aceptados por todos».
Enríquez se ha pronunciado de esta manera en el acto de clausura del curso académico del COEV. Un evento dedicado a las tres formaciones de larga duración del colegio, como son el Master en Gestión Tributaria, el V Curso de Gestión de Tesorería y el XIV Programa Executive para Controllers y Directores Financieros.
Durante su intervención, el decano de los economistas valencianos ha apelado al artículo 31 de la Constitución Española, «que impone que todos contribuyamos según un sistema tributario justo e inspirado en principios de igualdad y progresividad».
Como también ha hecho referencia al artículo 40, que «ordena a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa».
Apela a la Constitución
Frente a la igualdad, progresividad, justicia y equidad que reconoce la CE, se encuentran sus antónimos, la desigualdad, la injusticia, la inequidad o la regresividad. De hecho, ha remarcado, «son valores contrarios al ordenamiento jurídico y al sentir general de los españoles».
«Es por ello por lo que debemos y podemos exigir de los poderes públicos que cumplan fielmente un reparto equitativo de los recursos públicos. Una distribución regional más equitativa que atienda a razones objetivas de desarrollo económico y de riqueza equitativa», ha remarcado, en unas declaraciones contenidas en un comunicado de la institución.