Dos maltratadores reincidentes de Castellón se cambian de sexo en el DNI para aprovecharse de la Ley Trans

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, hace ya más de siete meses que abandonó su cargo al frente del Ministerio de Igualdad, pero su legado sigue muy vivo. Montero, que ahora percibirá unos emolumentos de casi 7.800 euros netos mensuales como eurodiputada, impulsó durante su periodo como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez leyes como la del 'solo sí es sí', que rebajó las condenas de múltiples violadores, o la Ley Trans, que, más allá de consideraciones morales, está provocando que personas sin disforia de género se aprovechen para no rendir cuentas con la Justicia como correspondería.

El último caso ha sucedido en Castellón y sintetiza las lagunas de la norma. Dos maltratadores reincidentes, de 36 y 43 años y nacionalidad española, han sido detenidos en las últimas jornadas por la Policía Nacional por ejercer la violencia contra otras mujeres diferentes. Para sorpresa de los agentes, ambos ahora han cambiado legalmente su sexo en el Registro Civil, sin que su apariencia física ni sus nombres hayan mudado ni un ápice.

Los maltratadores se han aprovechado de la laxitud de la norma a la hora de realizar esos cambios de sexo que ahora figuran en sus DNI. El artículo 44 de la Ley Trans indica que «el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Un enunciado con el que se permitiría que ambos agresores reincidentes, en caso de tener que entrar en prisión, podrían acabar rodeados de potenciales víctimas. Además, al ser «mujeres», estas agresiones no computan como «violencia de género», con lo cual se desvirtúa totalmente el espíritu de todas las políticas encaminadas a tratar de reducir el maltrato de los hombres hacia las mujeres. Y es que, de facto, legalmente lo que aquí ha ocurrido es que dos mujeres han pegado a otras dos mujeres.

Como ha adelantado Levante-EMV, uno de los arrestados es un vecino –ahora vecina– de Castellón de la Plana de 36 años, al que su expareja acusa de malos tratos habituales con vejaciones y una agresión física. Esta persona, presuntamente le retorció el brazo y tiró al suelo a su entonces pareja sentimental. El individuo cambió su sexo en el Registro Civil a finales del año pasado y ya había sido detenido hace ocho años por violencia contra una mujer.

El otro/otra vecino de 43 años de la localidad castellonense de Benicasim ya suma tres denuncias efectuadas por tres mujeres distintas. La última de ellas, según la citada información, le acusa de maltrato psicológico, amenazas y vejaciones. Unos delitos por los que en principio no podrán ser condenados dentro de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género –actualizada hace menos de dos años–, si bien sí podrían serlo dentro de los de lesiones, maltrato psíquico, amenazas, coacciones o de violencia familiar habitual, pero sin el agravante de género gracias al uso fraudulento de una de las leyes estrella de Montero.