Imagen del pueblo de Costur y sus alrededores, situado en el interior de la provincia de Castellón
El «arma legislativa» de un pueblo de Castellón ante la sequía: multas de hasta 3.000 euros a los vecinos
La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Costur contempla diferentes sanciones económicas e incluso el corte de suministros en viviendas que no cumplan la normativa
La agravante e histórica sequía que sufre la Comunidad Valenciana y otros puntos del país está comenzando a dejar sus consecuencias en el territorio de la región. Algunos municipios del interior, los más afectados, llevan meses con restricciones respecto al uso del agua y, como es en el caso de Costur, un pueblo de la provincia de Castellón, el Ayuntamiento ya ha advertido de multas de hasta 3.000 euros por el malgasto de agua.
Y es que, según datos recabados en los últimos meses, la Comunidad cuenta con un déficit de lluvias del 72 % desde octubre. La escasez de precipitaciones, por no decir inexistentes, y altas temperaturas para estos meses del año, ha derivado en que las presas, acuíferos y manantiales castellonenses no se hayan abastecido. La capacidad de los embalses antes del mes de marzo situaban a Castellón entre las 13 provincias españolas con menos agua embalsada, con tan solo el 27,6 % de su capacidad.
Este registro es el inicio de año más bajo en cuanto a reservas de agua en la provincia desde enero de 2007. Hay algunos embalses que solo disponen del caudal ecológico, como en el caso de Ulldecona, María Cristina, Onda o Alcora, mientras que en el caso de Arenos, Sitjar y Regajo están con un 24 y 26 % de capacidad.
Debido a los alarmantes datos de las reservas hídricas, algunos pueblos como Costur han comenzado a tomar medidas. Este municipio de la comarca del Alcalatén de tan solo 511 habitantes censados es uno de los más perjudicados por la sequía, ya que el caudal de su pozo ha descendido un 75 %.
En Costur llevan más de un año usando cubas de agua potable para abastecerse, necesitando hasta doce transportes a la semana. Otra consecuencia en la localidad es que el alguacil municipal ha tenido que destinar sus tareas casi al 100 % a reparación y detección de fugas en la red de agua potable, obligado a dejar otras obligaciones de lado.
La situación es tan extrema en municipios como Costur que durante este año se ha pasado de una media de 130 metros cúbicos de agua de uso medio al día a 80 con varias políticas de austeridad.
La primera decisión que ha tomado el Ayuntamiento ha sido no llenar la piscina municipal, que abría todos los veranos para los vecinos. Y la siguiente medida ha sido aprobar la ordenanza, ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la que estudia imponer sanciones a los residentes ante actitudes tipificadas como muy graves respecto al malgasto del agua.
Es para aquellos vecinos insolidarios con algo tan escaso y tan preciado como es el aguaAlcalde de Costur, Castellón
Las sanciones leves que que la norma contempla pueden llegar hasta los 750 euros, las graves a 1.500 euros y las muy graves alcanzan los 3.000 euros.
Además de las multas económicas, en el texto se contemplan acciones de concienciación. El Consistorio lleva un año desarrollando campañas y acciones para sensibilizar a la población y concienciar sobre la gravedad de la situación respecto a la sequía y cómo está afectando al municipio.
El alcalde de Costur, Gerardo Nebot, ha aclarado que no busca sancionar a los vecinos, pero esta ordenanza supone «un arma legislativa para aquellos vecinos insolidarios con algo tan escaso y tan preciado como es el agua».
En la ordenanza se advierte de que se activarán las medidas cuando sean necesarias, avisando mediante bandos públicos. Se incluye también que los vecinos colaboren con la autoridad que debe vigilar. Si se detecta un consumo anormal, incluso se puede proceder a la revisión de viviendas o cortar el suministro de alguna en la que se incumpla la ordenanza de forma reiterada.
Costur no es el único municipio que está comenzando a tomar este tipo de medidas debido a la gravedad de la sequía este año. Las bajas reservas hídricas están afectando a todo el país y esto obliga a muchos consistorios a vigilar el uso del agua, como es el caso de Benalmádena, en Málaga, que desde abril publicó una iniciativa similar avisando a los vecinos de que podrían haber sanciones económicas de hasta 600.000 euros por un uso indebido de este recurso, como llenar piscinas o riego de jardines.
