Ribera rechaza sentarse con Barrachina para abordar el Tajo-Segura y culmina el desmantelamiento del trasvase

La gestión del trasvase Tajo-Segura sigue generando polémica y roces entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, una circunstancia que no hace más que sumar episodios desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomara la decisión de recortar esta infraestructura vital no solo para la provincia de Alicante, sino también para la Región de Murcia y Andalucía.

El último eslabón en esta inmensa cadena de desencuentros lo ha protagonizado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al rechazar sentarse para abordar esta problemática con el consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, y sus homólogos murciano, madrileño y andaluz, Sara Rubira, Carlos Novillo y Ramiro Angulo, respectivamente.

Todos ellos le enviaron a la también vicepresidenta una carta conjunta el pasado 29 de julio en la que le reiteraban su «absoluta disposición a realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura» porque siguen «con preocupación la deriva de la política hídrica del Gobierno de España y la afección que ello conlleva en numerosos territorios de nuestro país»:

«Es responsabilidad de su Ministerio, por acción u omisión, haber dado lugar a la lamentable situación actual, con planes aprobados incompatibles entre sí, con un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello, con unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2O27», explican en la misma misiva en la que advierten de que, una vez recurrida la decisión en los tribunales nacionales, no descartan acudir a la justicia europea.

«Falta de sensibilidad»

La respuesta de Ribera ha sido un rotundo no a la petición de los consejeros de las cuatro regiones. Para ello, la socialista se basa en que las «limitaciones ambientales en la gestión de los trasvases no son ninguna novedad», a la par que rechaza que la negativa se deba a una cuestión política por estar gobernadas por el Partido Popular: «Durante el proceso de planificación se han atendido y contestado todas las observaciones, propuestas y sugerencias recibidas, con independencia de su origen de procedencia», indica la ministra en su respuesta, también por escrito, a los responsables de Agricultura.

Ante este desplante institucional, la reacción de Barrachina no se ha hecho esperar y ha cargado contra la titular de Transición Ecológica y su jefe de filas por considerar que «amenaza a la Comunidad Valenciana con seguir perpetrando recortes en el trasvase Tajo-Segura, lo que perjudica gravemente a los regantes y a los más de 30 municipios de la provincia de Alicante que se abastecen de agua de este trasvase».

«Esta negativa de Sánchez es una muestra más de la falta de sensibilidad con esta tierra. No quiere sentarse a hablar de los grandes recortes de agua que afectan, y mucho, a la 'huerta de Europa'», asegura el responsable valenciano de Agricultura. Igualmente, acusa el Ejecutivo central de no poner «en marcha actuaciones ni inversiones para poder hacer frente a la extremada situación de sequía que estamos viviendo», lo que le lleva a lamentar que el Gobierno «restringe y recorta sin tener en cuenta la verdadera situación que vive nuestro campo».

Finalmente, Barrachina recuerda que el objetivo de él y sus colegas no era otro que el de «llevar a cabo un trabajo técnico conjunto entre la administración del Estado y las comunidades autónomas para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura» y, de ese modo, evitar que los 100 hectómetros cúbicos que Sánchez «ha negado a los regantes de Alicante y Murcia desde el trasvase del Tajo» vuelvan a irse «a Portugal para no ser utilizados».