El alcalde de Guadamar del Segura, José Luis Sáez
Alicante El Gobierno socialista de Guardamar rechaza reforzar a la Policía en medio de su mayor crisis de seguridad
En plena alarma por la oleada de delitos propiciados por los más de 200 inmigrantes subsaharianos acogidos en la ciudad, el Ejecutivo municipal liderado por José Luis Sáez rechaza una propuesta conjunta de PP, Vox y Esquerra Unida para reforzar la plantilla policial
En un clima de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en el municipio alicantino de Guardamar del Segura, el equipo de gobierno municipal, liderado por el alcalde socialista José Luis Sáez, ha rechazado en pleno una moción conjunta presentada por la oposición para regularizar la situación de la Policía Local. Esta decisión ha generado polémica, especialmente en un momento en que la localidad enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, desencadenada por la llegada masiva de inmigrantes en los últimos meses.
El municipio, con aproximadamente 18.000 habitantes censados, ha visto además cómo su población se multiplica durante el verano, alcanzando los 100.000 residentes en agosto debido al turismo. Sin embargo, el cuerpo de Policía Local cuenta con apenas 32 agentes para patrullar las calles, lo que representa un agente para cada más de 3.000 personas, una cifra que quintuplica lo recomendado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Según denuncian desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP), la falta de personal es alarmante: de las 42 plazas en plantilla, seis policías están en segunda actividad, un agente en excedencia voluntaria y tres plazas permanecen vacantes sin posibilidad de apertura de bolsa de empleo. «El servicio es insuficiente, es imposible garantizar la seguridad ciudadana con los efectivos que tenemos», afirman desde el SPPLB.
Una moción que no prospera
En este contexto, los partidos de la oposición (Partido Popular, Vox y Esquerra Unida) presentaron una moción conjunta en el pleno municipal para regularizar la situación de la Policía Local, pidiendo la adecuación y regularización de los puestos de trabajo. La propuesta buscaba paliar la escasez de agentes, mejorar sus condiciones laborales y garantizar una mayor presencia policial en las calles, especialmente en las urbanizaciones y zonas rurales del municipio.
No obstante, el equipo de gobierno socialista votó en contra de la moción, una decisión que ha sido duramente criticada tanto por los partidos de la oposición como por los sindicatos. «La sensación de inseguridad que se respira entre los ciudadanos es horrible, pero al Gobierno municipal le da igual», han denunciado los representantes sindicales, quienes aseguran que las carencias de personal se arrastran desde hace tiempo, aunque se han agravado con la reciente oleada de delitos.
Un clima de inseguridad que no cesa
La negativa del Ejecutivo local a reforzar la Policía Local se da en un contexto de inseguridad que ha sido amplificado por la llegada de más de 200 inmigrantes subsaharianos procedentes de Canarias, alojados en un hotel de cuatro estrellas en el municipio. Este flujo migratorio ha desatado una serie de episodios violentos que han alarmado a la población, como agresiones sexuales, reyertas en locales nocturnos, robos con fuerza y amenazas a agentes policiales.
La situación se ha vuelto insostenible para muchos vecinos, quienes han expresado su temor a salir a la calle, especialmente durante la noche. Las protestas y quejas en redes sociales se han multiplicado, y comentarios como «aquí ya no se puede veranear tranquilamente» reflejan el malestar generalizado, también de los visitantes, en un municipio muy turístico.
Descoordinación y críticas cruzadas
El trasfondo de esta situación parece radicar en una descoordinación entre las distintas administraciones. A pesar de que tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo central están en manos del Partido Socialista, no ha habido una coordinación efectiva para gestionar la crisis de seguridad en Guardamar. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha tenido que actuar sin el apoyo adecuado del Gobierno de España, lo que ha complicado aún más la situación.
El primer edil, por su parte, ha acusado a la Policía Local de «amplificar la crisis para obtener mejoras laborales», una declaración que ha sido recibida con indignación por parte de los agentes y los sindicatos. Mientras tanto, la oposición sigue reclamando una solución efectiva y, esta vez, coordinada para recuperar la seguridad en el municipio.
La negativa de los socialistas de Guardamar a regularizar la situación de la Policía Local en un momento crítico para la seguridad ciudadana ha generado un profundo malestar entre los vecinos y ha puesto en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo municipal y los cuerpos de seguridad. Con una plantilla policial insuficiente y una ola de delitos que no cesa, la demanda de una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento y del Gobierno central se hace cada vez más urgente.