El drama de una familia expropiada por Adif en Castellón: obligados a dejar su casa sin haber recibido dinero

La larga lucha de una familia monoparental en Castellón contra Adif parece haber llegado a su fin y la entidad pública controlada por el Ministerio de Transportes ha salido vencedora. Nuria Viciano, una vecina de la ciudad de La Plana, ha tenido que abandonar su casa, desahuciada de sus terrenos por las obras de acceso al Puerto de la ciudad, a pesar de no haber recibido aún el dinero que le pertenece por la expropiación.

El pasado miércoles por la tarde, la mujer, acompañada de sus dos hijos menores de edad, abandonó definitivamente su villa, en la que había vivido durante más de 20 años. El desahucio estaba previsto para el lunes, pero la familia consiguió una prórroga de 48 horas para retirar sus pertenencias y poder reubicarse.

Adif es responsable de las obras de la conexión y ha impulsado el proceso de expropiación forzosa sobre la casa, que se encontraba emplazada justo en el inicio del proyecto ferroviario al Puerto de Castellón.

En febrero empezaron los trámites de desalojo, cuando la empresa pública comunicó a los residentes del inmueble que se marchasen de forma voluntaria, pero Nuria se negó entonces por falta de una alternativa habitacional y a la espera de que se resolviese el pago por expropiación. En estos seis meses, la situación ha sido la misma, ya que la familia todavía no ha recibido el justiprecio que le corresponde.

El Ayuntamiento de Castellón ofreció desde el primer momento algunas opciones en la ciudad, que la propietaria rechazó porque consideraba que no reunían las condiciones necesarias para su familia, principalmente para uno de sus dos hijos, con una discapacidad del 70 %.

Finalmente, la familia afectada ha tenido que aceptar una de las propuestas del Consistorio al agotarse el tiempo y las opciones. Se trata de un piso municipal con tres habitaciones, que la nueva inquilina ha firmado por un contrato por un año. En este tiempo se debería resolver el abono de la expropiación que le permitiría buscar otra casa.

La afectada ha agradecido al Ayuntamiento, que preside Begoña Carrasco, el piso que ocupa desde este lunes y también las promesas del Consistorio de arreglar la casa, «porque un cuarto piso de dos habitaciones, donde vamos a estar muy apretados y está en malas condiciones... Espero que entre hoy y mañana puedan arreglarlo porque tengo que tener las ventanas cerradas para que mi hijo con discapacidad no se tire si cree que es Superman debido a su situación», ha detallado a los medios Nuria Viciano.

Críticas al Gobierno central

El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, es el responsable de las decisiones de Adif, que durante los meses del proceso de desahucio y expropiación no ha podido conseguir una alternativa para la familia afectada ni ha abonado el pago correspondiente. Unas acciones que han sido muy criticadas, tanto por los afectados como por el propio Ayuntamiento de Castellón, que ha acabado haciéndose cargo de la situación particular de Nuria y sus dos hijos menores de edad.

No me voy a quedar en la calle o debajo de un puenteNuria VicianoAfectada por la expropiación de Adif

«Si no me pagan ni me dan nada por escrito no puedo comprar ninguna vivienda. No me voy a quedar en la calle o debajo de un puente. Me merezco que me paguen el justiprecio aunque sea y el resto ya lo veremos», comentaba este lunes Nuria Viciano tras conseguir la prórroga de dos días para sacar los enseres de su casa.

Su abogado, Cristian Fabregat, también explica que tanto Adif como el Gobierno central podrían haber actuado en favor de la familia afectada: «Perfectamente hubiese podido el Estado aplicar una medida cautelar entregando el justiprecio antes de la ocupación. Sobre todo, dadas las circunstancias personales, es una cuestión de humanidad y equidad, ya que esto la ley no lo prevé».

Por su parte, la alcaldesa ha destacado en un comunicado la «lamentable situación de desamparo provocada por la inacción del Gobierno de España». Carrasco ha recordado que no es competencia de la administración local el ofrecimiento de viviendas a los responsables, pero «desde el momento en que tuvimos constancia de la situación nos volcamos con Nuria y su familia ofreciéndoles alternativas».

Mientras que el justiprecio que, según explica Fabregat, estaría cifrado según el punto de vista pericial particular en unos 400.000 euros, la entidad ferroviaria Adif cifraba en 200.000, una oferta que tampoco se llegó a materializar por escrito.

Adif defiende que han seguido el procedimiento legal marcado en una expropiación forzosa y afirman que se planteó un justiprecio a la vecina que rechazó y que ya se le abonaron casi 6.000 euros para gastos de la mudanza. Pero Nuria y su abogado aseguran que la expropiación no se planteó por escrito, sino que fue de palabra.