La Ley de Concordia valenciana entra en vigor ante una izquierda que se aferra a que Conde-Pumpido la tumbe

Una de las últimas leyes que la ya extinta coalición del Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana sacó adelante fue la de Concordia. Sumando sus 53 escaños sobre los 99 que componen las Cortes, el bloque de centro-derecha consiguió aprobar un texto que, frente a las restricciones temporales e ideológicas impuestas por la izquierda durante años a nivel regional y nacional, amplía derechos y reconoce como víctimas a los perseguidos desde la Segunda República hasta la actualidad, incluyendo la violencia terrorista de ETA y del yihadismo.

La norma ya está en vigor una vez el plazo máximo estipulado cuando se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valencia (DOGV, el BOE autonómico), se ha cumplido. Sin embargo, este hecho en ningún caso lleva aparejado que la polémica sobre ella quede finiquitada. Ni mucho menos. Es más, todo lo contrario.

Su tramitación parlamentaria, con casi un año transitando entre comisiones, plazos de enmiendas, aportaciones de expertos y luz verde definitiva en Pleno, no fue en absoluto sencilla ni estuvo exenta de polémicas y episodios tensos y polémicos. Éstos fueron provocados de manera continua por los partidos de la oposición, es decir, el PSPV-PSOE y Compromís, que tomaron esta materia como algo personal y sobre la que hacer causus belli frente al Consell que preside Carlos Mazón.

Hipérbole dialéctica contra Mazón

De este modo, a lo largo del periodo de sesiones que concluyó en julio, en la tribuna de oradores se escucharon de manera socorrida en innumerables ocasiones a la desesperada y a la búsqueda de un titular incendiario que sirviera para recuperar el foco informativo, expresiones como que el Ejecutivo regional «blanquea» el franquismo o que estaba del lado de los «golpistas». Eso como poco. De ahí para arriba.

No obstante, la exageración dialéctica para suplir la insuficiencia en escaños fruto de lo que los valencianos expresaron libremente en las urnas el 28 de mayo de 2023, socialistas y comunistas ahora pretenden trasladarla al Tribunal Constitucional, sabedores de que el órgano a cuyo frente está Cándido Conde-Pumpido puede darle in extremis una victoria que la soberanía popular jamás les otorgó. Para ambas formaciones, el tribunal de garantías es su última esperanza para que, al igual que ha sucedido con las condenas en el caso de los ERE de Andalucía, el 'sanchismo' se vuelva a salir con la suya.

A este respecto, la portavoz del PSPV-PSOE de Memoria Histórica en las Cortes Valencianas, Mercedes Caballero, considera que un eventual recurso por parte del Gobierno central ante el TC para que tumbe la Ley de Concordia «no sería una intromisión en competencias autonómicas» porque lo aprobado, en su opinión, va en contra de la norma «nacional» y, por ende, sería «anticonstitucional». Por ello, insta a que Moncloa «acelere» ese trámite.

Así, a la par que espera que Conde-Pumpido y otros magistrados decreten «la suspensión» de la iniciativa del Consell, la parlamentaria no escatima en descalificaciones e hipérboles contra Mazón, a quien acusa de negarse «a respetar los Derechos Humanos».

Por parte de Compromís, la diputada en el Congreso, Águeda Micó, no se queda corta, puesto que asegura que la Ley de Concordia valenciana «dinamita la aplicación de todas las políticas de memoria democrática y un informe de la ONU constata que vulnera los Derechos Humanos».

Estas palabras, en cambio, obvian que el informe de Naciones Unidas no es tal ni representa el sentir de la organización, tal como quedó comprobado meses atrás pese a la insistencia de la izquierda en seguir alimentando un discurso que es falso por los cuatro costados. En consecuencia, todo apunta a que el futuro del texto estará en manos de la mayoría progresista del TC. Una decisión que, a priori, nada de concordia aportará al nuevo curso político valenciano.