Sánchez autoriza un macroproyecto de renovables en Alicante con la oposición de las instituciones valencianas

El Consejo de Ministros ha aprobado la instalación de la megaplanta solar FV Castalla en el municipio alicantino, tras otorgar la autorización administrativa a la empresa Cobra Concesiones S.L., según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de agosto. La planta, que tendrá una capacidad de 99,99 MW y abarcará una extensión de 205 hectáreas, contará con infraestructuras complementarias, como una subestación transformadora y una línea eléctrica de 220 kV.

Este proyecto ha generado una fuerte contestación. Tanto el Ayuntamiento de Castalla como la Generalitat Valenciana, ambas gobernadas por el Partido Popular, han emitido informes desfavorables citando el impacto ambiental, la incompatibilidad urbanística y la alteración del paisaje cultural. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica (en manos del PSOE) ha rechazado estas alegaciones y ha decidido seguir adelante con la construcción.

El Ayuntamiento de Castalla presentó informes que argumentaban la incompatibilidad del proyecto con la ordenación territorial de la Comunidad Valenciana y el Plan General de Castalla. Según el Consistorio, la instalación afectará el suelo no urbanizable y alterará elementos protegidos del paisaje. Además, expresaron su preocupación por la modificación de caminos municipales y su colindancia con la carretera CV-8152.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, también advirtió sobre el impacto negativo que la planta podría tener en el paisaje natural. Sin embargo, las alegaciones fueron rechazadas por el Departamento liderado por Teresa Ribera, que argumenta que el Ayuntamiento no ha propuesto soluciones técnicas viables para hacer compatible el proyecto con el entorno. El Gobierno central estima que existen medidas que permitirán resolver estas discrepancias.

Los colectivos ecologistas y los vecinos, liderados por la asociación Natura i Gent, han mostrado su malestar no solo por la aprobación del proyecto, sino también porque sus alegaciones ni siquiera han recibido respuesta por parte del Gobierno de España. Cabe recordar que hace un año, cientos de vecinos de Castalla, Onil y Tibi se manifestaron contra la instalación de estas macroplantas en la comarca, reclamando la preservación del entorno y denunciando su elevado impacto ambiental.

Una empresa que fue de Florentino Pérez

El proyecto aprobado pertenece a Cobra Concesiones S.L., empresa que anteriormente formaba parte del conglomerado empresarial de Florentino Pérez, pero que fue vendida hace unos meses al grupo francés Vinci. La planta contempla no solo la generación de energía, sino también la creación de infraestructuras para evacuar la electricidad generada, como una subestación y una línea eléctrica de alta tensión.

El Ayuntamiento de Castalla lleva tiempo intentando frenar la expansión de grandes instalaciones fotovoltaicas. En abril de 2021, inició la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana para prohibir este tipo de proyectos, precisamente por su elevado impacto ambiental. Sin embargo, este intento de protección urbanística ha sido ignorado por el Gobierno de España.

El Consistorio ya ha anunciado que tomará nuevas acciones para impedir la instalación de la planta. Según confirman fuentes municipales a El Debate, el Gobierno 'popular' sigue buscando vías legales para evitar la construcción de esta y otras macroplantas solares en su territorio, argumentando que estas instalaciones ponen en peligro el paisaje, la biodiversidad y el modo de vida de urbanizaciones como Castalla Internacional.

El proyecto de la megaplanta solar en Castalla está previsto que se ejecute en un plazo de 14 meses, aunque aún queda por ver si las acciones emprendidas por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y asociaciones ecologistas y vecinales, podrán frenar o modificar el curso de su construcción.