El «califa socialista» de Alicante acepta otros tres años de cárcel por corrupción y fraude urbanístico

El exalcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, quien gobernó el municipio alicantino durante 25 años, ha aceptado este martes una condena de tres años de prisión por delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. Esta nueva sentencia, emitida por la Audiencia Provincial de Elche, es solo una más en el largo historial de causas judiciales contra Moya, quien ha acumulado múltiples condenas por corrupción desde que abandonara su cargo en 2008.

El bigastrense no es un desconocido en los tribunales. Su historial de corrupción y abuso de poder comenzó a revelarse en 2008, cuando fue arrestado por la Guardia Civil junto con otros funcionarios y empresarios en una investigación relacionada con delitos urbanísticos en Bigastro. La magnitud de las acusaciones y la gravedad de los cargos lo convirtieron en el primer alcalde en prisión preventiva por corrupción en la Comunidad Valenciana, una circunstancia que ya lo colocaba como uno de los principales rostros del deterioro institucional en la región.

Desde su salida del Ayuntamiento, su nombre ha estado vinculado a numerosos escándalos relacionados con la gestión pública, en particular con la recalificación de terrenos y la venta irregular de suelo público. En 2015, la exalcaldesa Rosario Bañuls destapó otras irregularidades que habían dejado las arcas municipales al borde del colapso, con deudas tan grandes que ni siquiera había recursos para cubrir el combustible de los vehículos oficiales.

Una confesión por tres delitos

La última condena, aceptada por Moya y tres coacusados, se centra en una operación irregular llevada a cabo en 2004, según publica Información. La entidad Pereproms SL, propiedad de varios empresarios condenados en el mismo juicio, estaba interesada en adquirir una parcela municipal clasificada como zona verde en el polígono Apatel de Bigastro, con la intención de construir naves industriales. Según la Fiscalía Anticorrupción, Moya, en su condición de alcalde, manipuló los procedimientos administrativos para permitir una permuta de terrenos que resultó extremadamente favorable para los empresarios y perjudicial para las arcas públicas.

El fiscal Pablo Romero, en su escrito de acusación, subraya cómo el entonces primer edil del PSPV, negoció de manera ilegal la cesión de un local en la calle Purísima, propiedad de la empresa, a cambio de la permuta con suelo público. Este acuerdo se realizó sin seguir los trámites reglamentarios y sin que existiera un expediente que justificara la operación, lo que permitió a los empresarios beneficiarse de la venta de naves industriales construidas en el terreno municipal, mientras el Ayuntamiento tuvo que abonar 132.000 euros por una valoración disparada.

Moya, consciente de la irregularidad de los procedimientos, utilizó su influencia para que el pleno del Ayuntamiento aprobara la permuta, aunque ya había cerrado el trato de facto antes de la ratificación oficial. Esta operación, descrita por la Fiscalía como «absolutamente torticera», tuvo lugar sin ninguna justificación administrativa válida y solo sirvió para enriquecer a los empresarios participantes a costa de los recursos municipales.

Acuerdo y reducción de penas

Además de Moya, han sido condenados dos empresarios implicados en la trama y el exsecretario-interventor del Ayuntamiento, Antonio Saseta, quien también acumula varias condenas relacionadas con la corrupción municipal. Al igual que Moya, todos ellos han aceptado los cargos con la condición de que las penas sean reducidas y, en algunos casos, suspendidas.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece para Saseta una condena de nueve meses de prisión por falsedad documental, mientras que uno de los empresarios fue sentenciado a dos años y tres meses por prevaricación y otros seis meses por fraude en la contratación. El segundo empresario, que se benefició de la permuta del local, fue condenado a seis meses por malversación.

A pesar de la gravedad de los hechos, las penas impuestas no tendrán un impacto significativo sobre el tiempo que Moya pasará en prisión. Desde septiembre de 2023, el exalcalde se encuentra cumpliendo condenas previas y las sentencias acumuladas se unificarán en lo que la ley española denomina «refundición de penas», lo que implica que solo cumplirá la más alta de las condenas impuestas. En este caso, la condena mayor es de cuatro años y medio de prisión, a la que ya fue sentenciado en 2023 por apropiarse de más de 300.000 euros mediante cheques al portador.

Un legado marcado por la corrupción

La trayectoria política de Moya, que durante más de dos décadas fue una figura de poder incontestable en Bigastro, ha quedado manchada por una corrupción sistémica que afectó profundamente al Consistorio y desvió enormes sumas de dinero público. Su figura, en su momento respetada y temida, se ha convertido en un símbolo de la corrupción.

Durante sus 25 años presidiendo la institución municipal, el dirigente del PSOE acumuló un poder considerable, llegando incluso a ocupar cargos en el Senado y el Congreso de los Diputados. Sin embargo, su caída en desgracia ha sido tan pronunciada como su ascenso, y hoy su nombre está asociado a una de las mayores tramas de corrupción municipal de la Comunidad Valenciana.

El Debate ha contactado con el Ayuntamiento de Bigastro, ahora gobernado por el Partido Popular, pero su alcaldesa, Teresa María Belmonte, ha declinado realizar ninguna valoración.