El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Aumentan las agresiones en las prisiones alicantinas y los sindicatos denuncian la desatención de Marlaska

Funcionarios penitenciarios en Alicante denuncian un incremento del 12 % en las agresiones, la escasez de personal y la falta de medios, factores que agudizan el riesgo en centros como el Psiquiátrico de Fontcalent

Los trabajadores de las prisiones alicantinas viven una crisis laboral cada vez más alarmante, como lo demuestra el reciente ataque en el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, donde un interno agredió a un funcionario con un bolígrafo. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y CSI-CSIF han vuelto a alzar la voz para denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran los empleados penitenciarios derivada de la creciente violencia ante la pasividad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El último incidente ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando un interno del módulo de mayor conflictividad del Psiquiátrico de Fontcalent atacó por sorpresa a un funcionario mientras era trasladado de la sala de paseo a su celda. Según ha informado TAMPM, el agresor, aprovechando la confusión tras la desaparición de un mechero en la sala, sacó un bolígrafo de manera repentina y lo empuñó con la intención de apuñalar al trabajador. A pesar de que el funcionario pudo esquivar el golpe en parte, resultó herido tanto en la cara como en la espalda. Sus compañeros lograron controlar la situación, evitando que el ataque llegara a más.

Este no es un hecho aislado. Las estadísticas muestran un aumento del 12 % en las agresiones a empleados penitenciarios durante 2023, lo que ha llevado a TAMPM a denunciar la falta de medios, formación y la ineficacia de los protocolos de Instituciones Penitenciarias. El sindicato afirma que cada 17 horas se produce una agresión en las prisiones españolas, una cifra alarmante que refleja la precaria situación de estos empleados públicos.

Escasez de personal y formación

El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent enfrenta además un grave problema de falta de personal. Según denuncian los sindicatos, de las cinco plazas de psiquiatras que contempla la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), solo dos están cubiertas, lo que ha generado un aumento en los brotes psiquiátricos y la conflictividad entre los internos. Esta carencia de profesionales de la salud mental no solo afecta a los reclusos, sino que también pone en riesgo a los funcionarios que deben gestionar situaciones cada vez más peligrosas sin el apoyo adecuado.

Además, los trabajadores de este centro critican que la falta de personal médico ha llevado a que, en la mayoría de los casos, no se cubran las guardias de atención continuada. Las consultas programadas han sido prácticamente eliminadas, limitándose la atención médica a urgencias, lo que está generando una asistencia sanitaria deficiente y una sobrecarga del sistema de salud pública.

El sindicato CSI-CSIF también denuncia la precariedad en la que se encuentra el sistema penitenciario en la provincia de Alicante. En el caso de Fontcalent, la situación es tan crítica que de los siete médicos que deberían estar en plantilla, actualmente solo hay uno en activo. Esto ha generado un aumento desmesurado de las salidas a urgencias de los internos, con el consecuente gasto y sobrecarga al sistema sanitario.

Protestas y demandas de los sindicatos

Ante esta situación, los sindicatos han reiterado sus demandas de mejora de las condiciones laborales. La festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, es vista por los trabajadores como una oportunidad para que el ministro del Interior atienda sus reivindicaciones. No obstante, la frustración es palpable entre los empleados, quienes en marzo ya realizaron protestas tras el asesinato de una compañera en una prisión de Cataluña, denunciando que situaciones como esa eran predecibles por el abandono de las autoridades.

Los sindicatos insisten en que mejorar la seguridad y dotar de más recursos a los centros penitenciarios no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a los reclusos, facilitando su reeducación y reinserción social, como dicta la Constitución española. Sin embargo, denuncian que el ministro Marlaska sigue haciendo oídos sordos a sus peticiones, perpetuando una crisis que afecta tanto a los empleados como a los internos.