El exvicealcalde Alfonso Grau, a su llegada como procesado a la Audiencia de Valencia
Alfonso Grau intentó abrir una cuenta en Francia para ingresar 300.000 euros con un certificado falso
El exvicealcalde de Valencia ya fue condenado días atrás a cuatro años y medio de prisión por la 'caja B' del PP
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargada del conocido como caso Azud, apunta a que el exvicealcalde y exconcejal en el Ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Grau, intentó abrir una cuenta en Francia para ingresar 300.000 euros aportando un certificado bancario que resultó ser falso.
Así consta en uno de los autos dictados por la magistrada y que obra en una de las piezas sobre las que se ha levantado el secreto de sumario de este caso, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a Grau a cambio de adjudicaciones de obra pública en la ciudad. El exvicealcalde ha sido condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular en el PP de la ciudad y en 2022 a nueve meses de cárcel por aceptar relojes de alta gama de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.
En esa resolución, se indica que Grau tenía abiertas tres cajas de seguridad en diferentes entidades bancarias que se cancelaron en 2015, como consecuencia de sus problemas judiciales. En ellas estaban autorizadas sus dos hijas, «colaboradoras en el lavado de activos», desgrana.
Orden Europea de Investigación
Y este hecho se desveló, según apunta en su escrito, a través de una Orden Europea de Investigación (Comisión Rogatoria) librada a Francia en julio de 2021. También en ella se apuntaba que Alfonso Grau Alonso había intentado abrir una cuenta bancaria en Francia designando como titular a su hija, donde pretendía ingresar la cantidad de 300.000 euros.
Dicho ingreso no se materializó porque se quiso justificar el origen lícito de los fondos que se iban a ingresar con un certificado de un banco que resultó ser «falso». La razón que dio la hija para la apertura de la cuenta, según comunicación del banco, era el «riesgo del resultado electoral», lo que dio origen a transmitir información por sospecha de actividad delictiva a las unidades de inteligencia francesas, que lo reportaron a las españolas.
En otro auto de la jueza se desgrana el modo de actuación en Azud. En concreto, se explica que las investigaciones llevadas a cabo revelan la existencia de un entramado que gira alrededor del Grupo Empresarial Axis y a través de su empresa matriz, liderado por el empresario investigado Jaime Febrer.
El entramado giraba en torno a operaciones urbanísticas amañadas a su favor con perjuicio de los intereses de la Administración Pública. En este contexto, como consecuencia de haber incorporado a sus tramas inmobiliarias al investigado Grau, el empresario logró adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de Valencia y del ente público Aumsa en condiciones que le reportaron «cuantiosos beneficios».
Blanqueo y sobornos
A cambio de su «imprescindible» participación, Alfonso Grau recibió grandes cantidades de dinero como comisiones ilícitas, entre ellas, una cuenta en EEUU llegó a recibir un millón de euros en distintos ingresos, que se camuflaron a través de operaciones inmobiliarias para hacer aflorar dichas cuantías de dinero, sin perjuicio del dinero metálico que recibió por sus servicios.
«Toda esta cadena de actuaciones se revela nítidamente en toda la documentación intervenida cuando se llevó a cabo, en su día, la entrada y registro en la sede de las mercantiles que conformaban el Grupo Axis, así como todo el material informático recopilado en el registro efectuado, ya que a través del estudio de correos electrónicos, documentos existentes en los archivos, y mensajes telefónicos, entre otros, se ha podido reconstruir el modo y la forma de actuar del Grupo Axis y la participación en los hechos de Alfonso Grau Alonso y su familia», se añade.
De todo ello se desprende que parte del dinero oculto, siendo dinero producto de blanqueo y obtenido de los sobornos llevados a cabo por Febrer a favor de Grau, «no solo ha resultado beneficiada, con los frutos y productos ilícitos, su familia, es decir, sus hijas, y sus hijos políticos, así como la mercantil Edificio 3000 SL, sino que todos ellos participaron activamente en la ocultación del dinero ilícitamente obtenido y su posterior integración al mercado», agrega la jueza.
