Un Consistorio de Alicante vota en bloque (incluido el PSPV) contra una planta renovable aprobada por Sánchez

Este miércoles, el Partido Popular de la población alicantina de Castalla ha presentado en el Pleno municipal una moción urgente instando al Gobierno de Pedro Sánchez a reconsiderar su posición tras la aprobación de una macroplanta fotovoltaica en el municipio.

Los 'populares' critican que el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la socialista Teresa Ribera, impusiera junto al Gobierno del Botánico, la creación de estas plantas solares sin contar con los municipios para consensuar la ubicación más adecuada. Esta instalación, que ha generado un profundo rechazo en la localidad, ha sido autorizada a pesar de la negativa de las instituciones locales y autonómicas, así como de los vecinos y asociaciones ecologistas.

La moción, defendida por la portavoz del Partido Popular, Magda Berenguer, pone de manifiesto el descontento generalizado con la decisión del Consejo de Ministros de permitir la construcción de una planta de 99,99 megavatios, que se extenderá por 205 hectáreas y cuya infraestructura afectará tanto al paisaje como al desarrollo de la localidad. Además, el Ayuntamiento ha denunciado que la línea de evacuación de energía atravesará zonas cruciales del término municipal, hipotecando su uso durante los próximos 25 años, con una posible prórroga de otros 10 años más.

A pesar del malestar social y político, el PSOE ha mantenido una postura ambigua. En el pleno, el concejal del grupo socialista, Jesús Bedmar se abstuvo en la votación de la urgencia del punto, lo que ha generado críticas por parte de algunos vecinos, que consideran esta actitud como un intento de eludir responsabilidades.

Rechazo unánime del pleno

A pesar de la abstención socialista en el punto de la urgencia, la moción finalmente fue aprobada por unanimidad. Los grupos municipales de Vox y Compromís también manifestaron su oposición al proyecto. Ana Alés, concejal de Vox, recordó que en 2019, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por Ciudadanos y el PSOE, y en la Generalitat Valenciana lideraba un Ejecutivo de coalición entre PSOE, Compromís y Podemos, «el Gobierno de España ya instó a presentar las alegaciones pertinentes, las cuales nunca fueron tramitadas ni por el Gobierno municipal ni por el autonómico». Alés destaca la falta de previsión y responsabilidad de los entonces gobernantes socialistas.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Lusa Monllor, también apoyó la moción, aunque matizó que su grupo está a favor de las energías renovables, pero «no de cualquier manera». Monllor subraya que el desarrollo de este tipo de infraestructuras debe realizarse con consenso y respeto por el entorno natural, algo que no ha sucedido en este caso.

Un proyecto impuesto desde Moncloa

Según el texto de la moción, la instalación de la macroplanta fotovoltaica en Castalla ha sido percibida como un ejemplo más de la imposición del Gobierno de Sánchez a las comunidades autónomas y municipios, ignorando las particularidades de cada territorio y la voluntad vecinal. A pesar de los informes desfavorables emitidos tanto por el Ayuntamiento de Castalla como por la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Transición Ecológica ha seguido adelante con el proyecto, haciendo uso de la excepcionalidad que permite el artículo 131.6 del Real Decreto 1955/2000 y el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Estos informes citaban, entre otros aspectos, el impacto ambiental, la incompatibilidad urbanística y la alteración del paisaje y territorio. Sin embargo, estas advertencias han sido ignoradas, y el Gobierno central ha argumentado que el Ayuntamiento no ha propuesto soluciones técnicas viables para hacer compatible el proyecto con el entorno. Esta respuesta ha sido duramente criticada desde el Consistorio, que asegura que «en ningún momento» se les ha pedido ninguna propuesta técnica ni se les ha dado la oportunidad de negociar