El ministro Albares, este mes, en Madrid
El doble rasero del Gobierno de Sánchez con el valenciano: se indigna en España y lo desprecia en la UE
Acudirá al TC si el Ejecutivo de Mazón no elimina tres puntos lingüísticos de su ley educativa mientras se olvida del idioma valenciano en su petición de que en el Parlamento Europeo se puedan usar las lenguas cooficiales españolas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha evidenciado un doble rasero durante las últimas jornadas sobre la lengua valenciana a través de varias de sus políticas. De un lado, en España, se indigna por el supuesto arrinconamiento del valenciano que estaría llevando a cabo el Partido Popular a través de su nueva ley de educación en la Comunidad Valenciana. De otro, de puertas para afuera, lo desprecia hasta el punto de hacer como si ni siquiera existiese.
Esta misma semana se oficializaba el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat Valenciana sobre la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. Traducido: una negociación entre el Ejecutivo central con el autonómico para tratar de retorcerle el brazo al Gobierno de Carlos Mazón para que elimine varios puntos de la norma en lo referente a la lengua.
En concreto, pretende eliminar de la ley el artículo 14, que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano y dos disposiciones adicionales, una sobre la educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo y otra sobre las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado.
El «acuerdo» lo firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino. Si no hay entendimiento, tanto la ministra de Educación, Pilar Alegría, como la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, han venido avisando por activa y por pasiva que irán a recurrir la ley al Tribunal Constitucional, como harán desde Compromís, tras reunir este miércoles el apoyo de 50 diputados separatistas y de la izquierda radical, el número necesario para presentar un recurso ante el alto tribunal.
«Se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Estado de las autonomías, nuestras competencias ejecutivas y Les Corts porque quieren seguir apoyando el proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán», sintetizaba Mazón sobre la iniciativa de los nacionalistas valencianos apoyados por Sumar, ERC, EH-Bildu, Junts, Podemos y el BNG.
El PSOE de Sánchez, en esta ocasión, prefiere ir por libre en esa vía del recurso ante el TC acordada por sus socios. «Si el Partido Socialista decide presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo hará el Partido Socialista», explicaba el síndico del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, quien precisaba que su formación «no va a prestar diputados a ningún partido que tenga suficiente representación».
Mazón critica su «supremacismo»
Mazón, este miércoles, con medallistas olímpicos y paralímpicos valencianos
Allende la 'piel de toro', el valenciano parece preocupar mucho menos a los socialistas. Para muestra, el último movimiento del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que la semana pasada envió una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para pedirle (por tercera vez) que se apruebe el uso de catalán, el vascuence y el gallego como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.
De esta manera, el ministro, por omisión, no solo ningunea al valenciano, sino que directamente lo equipara al catalán, lengua hermana, pero no por ello la misma lengua. Este «asunto prioritario» para España, en sus palabras, no ha sido del agrado de Junts, el partido de Carles Puigdemont, por «insuficiente», aunque mucho menos lo ha sido del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que denuncia el «supremacismo» implícito en la misiva del titular de la Cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quien se muestra dispuesto a que España asuma todos los gastos de traducción derivados de su propuesta.
Como criticaba Mazón este miércoles, «es supremacista» que el Ejecutivo de Sánchez «se olvide que hay por ahí un Estatuto tan válido como el de los demás que reconoce una lengua como la valenciana». «Si hablamos de lenguas cooficiales, pues hay que incluir a la valenciana, porque si no es supremacismo», zanjaba el jefe del Consell.
