El calvario de una familia de Castellón con su casa: tres años con okupas y ahora no pueden reformar ni vender

Castellón sigue sumando casos de okupación por toda la provincia, que se han multiplicado por cinco en los últimos años, hasta superar la media española. Desde viviendas sociales a chalets de lujos, inquiokupas que dejan de pagar sus alquileres en fincas o intentos de okupación con los propietarios dentro de la casa a plena luz del día.

El Debate ha podido conocer de primera mano uno de estos casos particulares en la localidad castellonense de Burriana, donde una vivienda ha estado más de tres años okupada y la han desalojado por fin este verano. Pero el motivo no ha tenido que ver con los «inquilinos», sino con los daños estructurales que presenta la casa, que había acarreado quejas de los vecinos.

Aunque la desokupación se ha efectuado, los propietarios siguen estando atados de pies y manos con la casa y la administración no les deja hacer nada: ni vender ni reformar ni derribar ni alquilar.

«La casa no está en condiciones, no es seguro ni entrar y así no se puede quedar», ha contado Jorge Izquierdo, uno de los propietarios de la vivienda a El Debate. Según ha explicado el afectado, la vivienda está precintada por la Policía, por lo que no se puede acceder, pero la Administración se lava las manos y todavía no han recibido permiso para actuar sobre ella, denuncia.

Durante la pandemia de la covid, los okupas reventaron los candados y entraron a la casa, que estaba cerrada por el momento y no tenía ni luz ni agua. «En estos tres años no nos han hecho caso ni el Ayuntamiento ni la Policía Local, y eso que tenían pinchada la red eléctrica», ha relatado Jorge.

Tras el silencio administrativo, hace unos meses es cuando el caso comenzó a movilizarse. Los vecinos se quejaron del estado de la fachada, de la que incluso habían caído restos del voladizo del tejado a la acera. Debido a las quejas, la Administración se puso en contacto con Jorge, ya que era uno de los propietarios, para que arreglarse el problema de la estructura y reformase la casa.

«Tuvimos que presentar las denuncias que habíamos hecho durante estos tres años para que nos creyesen que no podíamos ni entrar y que por fin ellos actuasen», ha explicado el afectado cómo fue el procedimiento, del que, según ha señalado, «por lo menos no hubo problemas ni enfrentamientos» y los okupas «colaboraron y no opusieron resistencia».

También ha añadido con pesar que, «si no hubiese sido por el estado de la estructura, seguirían sin hacernos caso y los okupas todavía estarían dentro». Además, la situación para los propietarios está en un punto complejo por los daños dejados y están a la espera de los permisos de urbanismo para poder actuar.

«Lo que realmente queremos es vender. La casa está tan mal que se tiene que invertir demasiado en arreglarla para poder alquilarla. Lo mejor sería que nos dieran permiso para derribar y ya vender como parcela urbanizable», ha detallado Jorge, que desde el 17 de julio está sin respuesta.

Otro caso similar en Burriana

En la misma localidad de Burriana, tan solo un mes después del caso de Jorge, la Policía Local tuvo que intervenir y realizar un desalojo en otra vivienda, en este caso, en la calle San Juan. Los vecinos fueron quienes dieron el aviso cuando vieron a dos personas que se hallaban en el interior y otras dos por la parte exterior.

Los agentes confirmaron que habían arrancado una reja de una de las ventanas, además de que había signos de forzamiento en la cerradura de la puerta de entrada. La Policía identificó y detuvo a las cuatro personas implicadas, todas ellas de nacionalidad rumana.

El propietario del inmueble, que reside fuera de la Comunidad Valenciana, fue avisado y se dirigió a Burriana para hacerse cargo de su casa y proceder a instalar las oportunas medidas de seguridad para evitar una posible nueva okupación.

Un caso similar a la usurpación de la propiedad de Jorge, pero que al no advertirla los vecinos y como nadie pudo avisar a la Policía durante las primeras horas, que son clave, el problema se dilató hasta tres años.

Además, en este último caso del 9 de agosto, se da la circunstancia que uno de los okupas había estado por la mañana en el Ayuntamiento de Burriana preguntando qué tenía que hacer para empadronarse.