El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana
Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Zaplana tras ser condenado por el caso Erial
El fiscal encargado del procedimiento aprecia riesgo de fuga
El 7 de noviembre se celebrará una vista en la Audiencia de Valencia para que las partes se pronuncien
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el inmediato ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro popular Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial, al apreciar el fiscal encargado del procedimiento judicial riesgo de fuga, según informa Europa Press.
El próximo 7 de noviembre se celebrará una vista en la Audiencia de Valencia para que las partes se pronuncien sobre esta petición, que llega una semana después de conocerse la sentencia del tribunal valenciano.
Cabe recordar que Zaplana, además de la sentencia que le deja cerca de volver a prisión (ya estuvo de forma preventiva tras su detención), debe abonar una multa por valor de 25 millones de euros por los episodios de corrupción que los magistrados han probado en la concesión de las ITV y de parques eólicos en la región durante su etapa al frente del Consell.
Zaplana recurrirá
Aún así, el expresidente ya anunció que recurriría la sentencia de la Audiencia. De este modo, su despacho de abogados difundió un comunicado en el que aseguraba que el propio Zaplana estaba «decepcionado» con la argumentación del Tribunal porque el conjunto de las acusaciones sobre él era algo «infundado». En esta línea, achacó su condena a «unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva» sobre su participación en los hechos».
En concreto, los jueces le declararon autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y le impone también un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros. Le absuelve, en cambio, del delito de grupo criminal.
El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, declarando en el juicio del caso Erial
La Audiencia también impone penas de entre un año y tres meses y cinco años de prisión a otros seis acusados en el mismo procedimiento, mientras que absuelve a los ocho encausados restantes, entre los que figura otro expresidente del Gobierno valenciano, José Luis Olivas, en este caso, que había sido acusado por los parques eólicos.
Confesión «muy cualificada»
Los condenados junto a Eduardo Zaplana son el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el antiguo jefe de gabinete en la Presidencia de la Generalitat Juan Francisco García; el amigo y testaferro del expresidente Joaquín Miguel Barceló, y los empresarios Juan y Vicente Cotino, sobrinos del que fue expresidente de las Cortes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, que estuvo investigado en la causa hasta su fallecimiento, y Francisco Pérez.
A Grau los magistrados le condenan a cinco años de prisión y multa de 20 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales, su mujer está absuelta como partícipe a título lucrativo de este delito, mientras que a Juan Francisco García le imponen dos años y 11 meses, inhabilitación y multas por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo, tras apreciar la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada. A su mujer, la Sala la condena como partícipe a título lucrativo del delito de blanqueo de capitales.
Por su parte, el empresario José Cotino ha sido condenado a dos años y a multa por un delito de cohecho y su hermano Vicente, a tres años y cinco meses por ese delito, junto con los de falsedad y blanqueo. La Audiencia ha impuesto un año y tres meses de prisión por blanqueo a Joaquín Miguel Barceló y un año y seis meses de cárcel a Francisco Pérez.
En el caso de Barceló, Juan Francisco García y los hermanos Cotino, la Sala ha tenido en cuenta la atenuante analógica de confesión como «muy cualificada», dada la confesión efectuada y el reconocimiento de los hechos en el juicio oral, que supuso una «efectiva colaboración» con la administración de justicia. Esta confesión permitió que la vista se «aligerara considerablemente», favoreció lograr el esclarecimiento de los hechos y facilitó «de modo relevante» el enjuiciamiento.
Los absueltos son, además de Olivas, la exdiputada 'popular' Elvira Suanzes y su hermano Saturnino; la secretaria del exministro, Mitsouko Henríquez; los empresarios y conocidos de Zaplana como Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez. Igualmente, absuelve a las personas jurídicas.
