El PSPV y Compromís usan la sentencia de Zaplana para intentar vincular a Mazón con la corrupción del pasado

La condena a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, a más de diez años de prisión por delitos de corrupción, ha reavivado el enfrentamiento político en la Comunidad Valenciana. Mientras el Partido Popular intenta distanciarse del escándalo, la izquierda, liderada por el PSPV-PSOE y Compromís, ha aprovechado la situación para dirigir sus críticas hacia el actual presidente valenciano, Carlos Mazón, a quien acusan de ser un «heredero político» de Zaplana.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia condena a Zaplana a penas que suman más de diez años de prisión, así como a la inhabilitación para ejercer cargos públicos y a pagar multas que superan los 25 millones de euros. La causa, conocida como el caso Erial, ha revelado una trama de corrupción relacionada con la privatización de las estaciones de ITV y la adjudicación del plan eólico valenciano, un proceso que comenzó en 2018 con la detención de Zaplana.

Desde el anuncio de la sentencia, líderes de la izquierda valenciana han tratado de relacionar al expolítico, que dejó la política autonómica hace 22 años, con el Gobierno de Mazón. Para la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, la resolución es «la victoria de todos los valencianos y valencianas que durante décadas defendieron la decencia en la política». Morant acusa al PP de ser una «escuela de corrupción», afirmando que los socialistas estarán «vigilantes» ante cualquier intento de repetir estas prácticas.

La ministra no ha dudado en atacar al presidente del Consell, asegurando que Mazón «no ha condenado públicamente» a Zaplana porque este fue su «hijo político». En la misma línea, exige que Mazón «asegure que estas formas de hacer política están fuera de las instituciones valencianas», vinculando su gestión actual con la de Zaplana.

En términos similares se ha expresado Joan Baldoví, síndico de Compromís en las Cortes Valencianas, quien afirma que la condena demuestra que la corrupción «había hecho nido» en los gobiernos del PP. Según Baldoví, es una «magnífica noticia» que finalmente se haga justicia por los abusos cometidos «a costa de cinco millones de valencianos». Además, denuncia «los intentos del PP de desnaturalizar» la Agencia Antifraude, organismo clave en el descubrimiento de estos casos.

La respuesta de Mazón

Carlos Mazón ha intentado manejar la situación con cautela, mostrando «máximo respeto» a las resoluciones judiciales, aunque remarcando que la sentencia no es firme. En respuesta a las críticas del PSPV, el alicantino es claro al rechazar lo que considera un intento de politizar el caso, asegurando que «el Partido Socialista tiene asuntos muy graves en estos momentos como para dar lecciones». El presidente de la Generalitat también se ha referido a la reciente absolución de José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante, como ejemplo de que no todas las causas acaban en condena.

El PSPV y Compromís han encontrado en la sentencia del Caso Erial una grieta con la que poder hacer oposición a un PP que se consolida en la Comunidad Valenciana. Esto es lo que se desprende de las últimas encuestas de intención de voto en la región, que consolidan a la formación de Mazón por encima de toda la suma de la izquierda. De este modo, los partidos que formaban parte del Gobierno del Botánico, tratan de reavivar los episodios de corrupción en los que se vieron envueltos los 'populares' legislaturas atrás, en un intento de desgastar la figura del presidente regional.

Un discurso contradictorio

Sin embargo, la intención del PSOE y Compromís de vincular al actual Gobierno autonómico con la sentencia de Zaplana es difícil de sostener. Sobre todo porque sobre los socialistas planea la investigación del caso Begoña Gómez, que afecta a la mujer del presidente del Gobierno y del valenciano José Luis Ábalos, que se encuentra a un paso de ser encausado por el Tribunal Supremo por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, siendo mano derecha de Pedro Sánchez.

Por su parte, los nacionalistas aguantan la respiración a la espera del desenlace judicial del caso de Mónica Oltra, a quien siempre han defendido y que se encuentra investigada por encubrir, presuntamente, los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada por la Consejería de Igualdad que ella dirigía. De este modo, el relato de pulcritud por parte de la izquierda es contradictorio, especialmente porque además de esconder sus propios escándalos, miran hacia otro lado cuando se trata de los casos que conciernen a sus socios con el fin de no perder el poder.