Sánchez aprobó con premura decretos para Bildu, PNV o RTVE mientras tarda una semana en el de la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este martes desde el Palacio de la Moncloa para anunciar que el Consejo de Ministros que se había celebrado unos minutos antes había dado luz verde a un plan de ayudas a la Comunidad Valenciana, muy concretamente a la provincia de Valencia, dotado con 10.600 millones de euros. Lo hizo una semana más tarde de que una riada inesperada llevara el caos a decenas de municipios de la zona en forma de DANA.

Más allá de la cifra, lo llamativo es el tiempo que ha tardado el Ejecutivo central en sacar adelante una medida de este tipo. Según indica la Constitución Española de 1978 en su artículo 86, «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».

En base a ello, los vecinos que todavía sufren los estragos de la gota fría podrían haber sabido con algunos días de antelación en qué consistirían los planes gubernamentales de ayuda, más aún cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dio cuenta de un paquete de 250 millones de euros el 31 de octubre, tan solo 48 horas después de que comenzase el temporal.

Ximo Puig, 'Filomena' y el 8-M

Del mismo modo, resulta curiosa la parsimonia con la que Sánchez se ha tomado este asunto en comparación con la celeridad que se suele dar a la hora de aprobar decretos y reales decretos-leyes. Tan solo en los diez meses completos de 2024, ha aprobado un total de 414, si bien es cierto que una parte más que considerable corresponde a asuntos de poca relevancia para la opinión pública y hay no pocos relativos a nombramientos, algo nada raro cuando cada martes la mesa del Consejo la rodean 23 personas.

Sin embargo, entre toda esa maraña burocrática hay algunos decretos que merecen ser resaltados por su contenido. Así, en el mes de febrero se usó esta figura legislativa para nombrar al expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig como nuevo embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pese a no tener ninguna experiencia diplomática, y a la exvicepresidenta Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado después de la designación fallida de la exministra Magdalena Valerio.

En marzo, el Consejo de Ministros del día 5 validó un decreto sobre la tormenta 'Filomena', por lo que los valencianos ya saben que las ayudas prometidas tardarán años y años en hacerse efectivas. Pero poner la mesa de la sala de prensa de la Moncloa al servicio del proyecto ideológico del líder socialista se pudo ver tan solo tres días después.

Coincidiendo con el Día de la Mujer, el 8 de marzo los ministros se volvieron a reunir, en esta ocasión en sesión extraordinaria, para acordar, junto a un anteproyecto de ley, el «Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos», y acordar la «declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres», así como «medidas de refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, con ocasión del Día Internacional de las Mujeres». Desde el 29 de octubre al 4 de noviembre pudo haber siete Consejos extraordinarios sobre la situación de Valencia, pero no se tuvo a bien organizarlos.

Abril se podría decir que fue el mes de los decretos a pagar por seguir en la presidencia del Gobierno por parte de Sánchez, ya que se confirmaron varias cesiones de competencias al País Vasco, exigencia del PNV, a la par que se transfirió a Navarra la competencia de Tráfico por imperativo de EH Bildu, quitando de este modo estas atribuciones a la Guardia Civil. Este decreto se modificó cinco meses después, en septiembre, en aras de cumplir con los deseos de Mertxe Aizpurúa y los suyos.

Pero, muy probablemente, la iniciativa de esta clase que más polémica haya surgido sea la que se convalidó el pasado martes en el Congreso de los Diputados al mismo tiempo que el río Magro se desbordaba en Utiel-Requena y comenzaba la riada hacia el área metropolitana de la ciudad de Valencia. El texto en cuestión contenía las bases para que Sánchez y sus socios confirmaran el asalto institucional al Consejo de Radiotelevisión Española (RTVE) a golpe de decreto.

Si el contenido ya es preocupante, el espectáculo fue mayúsculo y del todo grotesco por suspender la sesión de control al Gobierno y las comisiones parlamentarias en la Cámara Baja en señal de luto cuando ya las víctimas superaban las 50, aunque únicamente se mantuvo la convalidación del decreto que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, presentó ante sus compañeros tan solo siete días antes y que pudo llevarlo a San Jerónimo durante todo el mes de noviembre, pero sus urgencias políticas no entendieron de solidaridad. Al menos los diputados del Partido Popular, Vox y Compromís se ausentaron de una sesión que quedará para la historia negra del parlamentarismo español.