La nueva etapa tras la DANA
Mazón fía su continuidad a llevar a buen término la reconstrucción y a un nuevo Gobierno del que no da nombres
Anuncia una nueva estructura del Consell, pero sin precisar quién entra y quién sale y avanza que, si no consigue que Valencia se recupere, no tratará de ser reelegido como presidente de la Generalitat
La comparecencia voluntaria del presidente de la Generalitat Valenciana en las Cortes para dar cuenta de la DANA se produjo entre peticiones de dimisión dentro y fuera de la Cámara. Carlos Mazón hizo autocrítica a lo largo de sus tres intervenciones, si bien también destacó las medidas llevadas a cabo durante las dos semanas largas que dura ya la crisis por la peor catástrofe natural de la historia de la región y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los organismos a su cargo. El dirigente 'popular' no dimitirá, pero advierte de que si no logra que la reconstrucción de Valencia llegue a buen puerto, no se presentará a la reelección.
Mazón fía su futuro político a esa recuperación para la que tiene casi tres años por delante, si no hay elecciones anticipadas, y al nuevo Ejecutivo autonómico que esbozó este viernes en las Cortes. Un nuevo organigrama del que solo se conoce parte de su estructura: el jefe del Consell anunció la creación de una Vicepresidencia específica para la reconstrucción «económica y social» de la Comunidad Valenciana y una consejería de Interior y Emergencias. Previsiblemente, entre este fin de semana y el lunes oficializará los cambios y dará a conocer quién sale del Gobierno y quién entra.
En la picota están las consejeras de Interior y Justicia, Salomé Pradas, responsable directa de las emergencias, y la titular de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. Respecto a quién ganará galones, las quinielas apuntan a Susana Camarero, actual vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que podría verse liberada de varias de esas áreas para comandar esa super Vicepresidencia para la reconstrucción. Cabe recordar que Camarero ha sido durante toda la crisis la principal cara del Consell para dar cuenta de todas las actuaciones acometidas por la DANA y que ya, con la salida de Vox del Gobierno autonómico, en julio, pasó de ser vicepresidenta segunda a ser la única vicepresidenta del Gobierno de Mazón.
Precisamente Vox será otra de las patas de las que dependerá que la mesa de Mazón no solo no se siga tambaleando, sino que, directamente, no se estrelle contra el suelo. La formación liderada por José María Llanos en las Cortes es el único partido que no ha pedido el cese o la dimisión del político alicantino, para el que, sin embargo, este viernes no tuvo más que reproches, como que los 'populares' sigan confiando en algún tipo de entente con los socialistas. Llanos le afeó en sede parlamentaria a Mazón su «compadreo» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y criticó con dureza las palabras afectuosas y de agradecimiento de Mazón hacia ambos.
Vox le avisa del «chantaje» del PSOE
«No deben ceder al chantaje de quienes manejan las tragedias para sus cálculos políticos», le advirtió Llanos a Mazón. «Uno tiene que saber a quién quiere de compañero de alforjas. No se equivoque con quién hace política», apuntaló. Mazón recogió el guante y le dijo que quería reconstruir «con todo el que arrime el hombro» y que no estaban los valencianos «para rechazar ninguna idea, aunque sea del que podamos discrepar políticamente». «Con usted, sí», añadió Mazón, consciente de que su único aliado posible era, es y será Vox.
Compromís, por su parte, se afanó en repetir de una mil maneras que Mazón debía dimitir por su «negligencia» y el PSPV incluso le ofreció sus votos a los 'populares' para apartar a Mazón de la Presidencia de la Generalitat. Desde el PPCV, lógicamente, le garantizaron a su jefe de filas que estarán a su lado y llamaba a la «unidad política» y la necesidad de que el Gobierno de Sánchez envíe, «de una vez por todas», todos los recursos necesarios. Unos recursos que la Generalitat estima, grosso modo, en 31.000 millones, de los que el Ejecutivo central apenas ha puesto encima de la mesa por el momento algo menos de la mitad.