¿La violencia de la extrema izquierda goza de un cierto grado de impunidad?

Los violentos incidentes desarrollados el pasado 9 de noviembre en Valencia contra edificios institucionales, algunos con la consideración de patrimonio histórico, y contra la Policía Nacional, hasta el día de hoy sólo se han saldado con la detención de cuatro de los causantes. Uno de los detenidos es un conocido ciudadano venezolano muy activo en todas las actividades de la extrema izquierda y el movimiento okupa en la ciudad de Valencia. En las fotografías y vídeos de los incidentes se le puede ver con camisa roja, golpeando con una escoba a los agentes de la UIP en la plaza de la Virgen. Los grupúsculos que organizaron estos incidentes también estuvieron a punto de desencadenar agresiones contra algunos de los asistentes a la manifestación, que en ocasiones tuvieron que ser escoltados por la propia Policía Nacional entre insultos y amenazas, sin que se haya abierto investigación por dichos hechos. El grueso de los violentos está libre.

Como si de un guion funcional al relato sanchista se tratase, la violencia de la extrema izquierda que ha costado lesiones a 38 policías y cuantiosos daños materiales al mobiliario urbano, que tendrán que pagar todos los sufridos ciudadanos, parece que quedará subsumida dentro de la narrativa de la indignación popular contra, exclusivamente, Mazón.

Estos hechos hacen perentorio plantearse si junto al escaso despliegue de la fuerza para proteger el ayuntamiento, el Palau de la Generalitat y el Palau dels Borja, no fueron también insuficientes los agentes encargados de las labores de información durante la manifestación, que pudiesen anticiparse a esos movimientos violentos para prevenirlos o en su caso identificar a los sujetos sobre los que recaería la responsabilidad penal por unos actos organizados con premeditación una semana antes. La impunidad con que saldará esta violencia contra la Policía y contra edificios que representan a todos los valencianos contrasta con el empeño y los medios que se desplegaron para detener a tres vecinos de las zonas más afectadas por la DANA, que en menos de veinticuatro horas fueron puestos a disposición judicial por golpear el coche de la comitiva de Pedro Sánchez.

Valencia, laboratorio de extremismos

Los policías encargados del seguimiento de movimientos extremistas no son ajenos a la fuerte incidencia que estos vienen desplegando desde hace décadas en la ciudad de Valencia. Su carácter de ciudad abierta y mediterránea ha sido un importante foco de atracción para radicales vinculados a la extrema izquierda y a la okupación de todo el mundo, especialmente de Italia.

Según un reciente informe de la OCU, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía donde más gente conoce casos de okupación y donde se sitúa como uno de los problemas más importantes para la sociedad. Una realidad que se evidenció en el último desalojo producido el 31 de julio en Torrefiel, donde los vecinos del barrio increpaban a los activistas del Sindicat de l´Habitatge, grupúsculo de extrema izquierda que coordina este tipo de ocupaciones. Esa misma organización, junto a la Oficina per l´Okupació, desarrollaron en el barrio de Benimaclet el día 2 de noviembre, en uno de los momentos más críticos de las consecuencias de la DANA, unas jornadas para asesorar sobre ocupación de inmuebles.

Los agentes encargados de la investigación de estas actividades ilegales no ignoran cómo bajo el sofisma del movimiento antirrepresivo para defenderse de los desalojos, en los casales okupados se imparten cursillos de auténtica guerrilla urbana. Precisamente, en la reunión celebrada el 2 de noviembre en Benimaclet se decidió preparar botellas de cristal llenas de barro y pirotecnia para ser lanzadas durante la manifestación del día 9.

Otro elemento extremista con pretensión de asentarse en la Comunidad Valenciana es el del pancatalanismo más radical, que converge en muchos aspectos con el movimiento okupa, como en la reciente campaña de las CUP atacando las segundas residencias. La importante inyección de fondos económicos que desde Cataluña se inoculan en cualquier movimiento político pancatalanista tiene una vertiente más siniestra en los repetidos intentos de extender las maniobras de alteración del orden público que se produjeron en Cataluña en torno al procés secesionista y las protestas contra la sentencia por este. Desde la propia Cataluña hay constancia de cómo fueron fletados hasta 20 autobuses de asistentes a la manifestación del día 9 de noviembre, encontrándose entre los asistentes varios vinculados a los CDR.

Sobre estas certezas se debería haber realizado un análisis de riesgos que pusiera la atención sobre los focos más potencialmente violentos actuantes en la manifestación del 9 de noviembre. Sin embargo, no se pudieron verificar detenciones sobre el terreno y pese a las evidencias gráficas que identifican a los violentos no se han producido posteriormente imputaciones.

La imagen de Mazón boca abajo es un símbolo «falangista» tomado por el separatismo

La heterogénea manifestación del 9 de noviembre reunió muy diversas sensibilidades. Con el ataque al Ayuntamiento de Valencia, al Palau de la Generalitat y a las Corts se pretendía reconducir toda la responsabilidad por la tragedia al presidente Mazón. Pero lo cierto es que hubo muchos manifestantes de muy diversas tendencias, desde todos los extremos ideológicos (un acusado por la Fiscalía de incidentes en la sede del PSOE en Ferraz en noviembre de 2023 mostró en sus redes sociales su presencia en la manifestación del día 9 en Valencia, acompañado de varios simpatizantes), hasta un gran porcentaje de los presentes que manifestaban su indignación contra la descoordinación y falta de previsión de todas las administraciones.

Pero tan premeditado como los incidentes violentos fue el intento de encabezar la manifestación con una pancarta en la que se pedía la dimisión de Mazón, mostrando su retrato boca abajo. Con ello se pretendía hacer un paralelismo con un símbolo que cada vez tiene menos significado para las nuevas generaciones, pero que durante muchos años marcó varias identidades políticas. Este remite al cuadro de Felipe V colgado boca abajo en el Museo Municipal de Játiva. Una iniciativa de Carlos Sarthou, quien fuera director de dicho museo desde 1940, en la etapa más fascistizante del régimen de Franco, y que se realizó en dicha década o la siguiente, pero siempre, según autorizados testimonios, con la colaboración de los muchachos del Frente de Juventudes de Játiva y que fue así mantenido durante todo el franquismo. Todo un símbolo para un falangismo que se afanaba en oponerse a la sucesión monárquica de Franco y recogía todos los lugares comunes antiborbónicos del republicanismo español. El separatismo catalán comenzó a utilizar con profusión en su propaganda ese retrato de Felipe V en los años de la transición.