Alicante paraliza tras la DANA las obras en poblados chabolistas levantados en zonas inundables

El Ayuntamiento de Alicante ha intensificado las actuaciones contra los asentamientos irregulares en zonas inundables mediante la suspensión de obras ilegales y la implementación de nuevos protocolos de colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Las medidas, abordadas durante la segunda reunión de la Mesa Técnica de Evaluación de Riesgos para Emergencias Climáticas, celebrada este miércoles y presidida por el alcalde Luis Barcala, tienen como objetivo minimizar riesgos en áreas especialmente vulnerables del municipio.

La Concejalía de Urbanismo ha notificado esta semana el primer decreto de suspensión de obras en La Cañada del Fenollar, una de las áreas afectadas por estas irregularidades. Este decreto ordena la «paralización y suspensión inmediata» de las obras al tratarse de actuaciones ejecutadas en suelo no urbanizable e inundable, consideradas como «de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación» según las normativas vigentes. Este caso representa el primero de una serie de actuaciones similares, ya que se prevé la emisión de nuevos decretos en los próximos días.

El Ayuntamiento ha identificado un total de 40 expedientes relacionados con infracciones urbanísticas en terrenos no urbanizables, de los cuales 15 afectan a suelos clasificados como rambla. Estas zonas, altamente vulnerables según la cartografía del Patricova (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana), son prioritarias en las intervenciones.

Colaboración interinstitucional

La lucha contra estas irregularidades se está llevando a cabo en estrecha coordinación con la AVPT y el Seprona. Se ha desarrollado un protocolo de actuación que establece las competencias de cada institución y agiliza los procedimientos administrativos. Según este protocolo, el Ayuntamiento es responsable de identificar las infracciones, emitir decretos de suspensión, levantar actas de inspección y trasladar la documentación a la AVPT, que asume la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística.

Además, el Ayuntamiento ha remitido un informe técnico junto con un escrito a la AVPT solicitando que se prioricen las actuaciones en zonas con niveles de peligrosidad de 1 a 4, según el Patricova, y en suelos protegidos como rambla. El alcalde de la ciudad señala en su petición que estas medidas son necesarias para «minimizar riesgos» y garantizar la seguridad de los ciudadanos en áreas susceptibles a inundaciones.

Medidas adicionales en curso

Junto a la suspensión de obras y la colaboración interinstitucional, el Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de un informe jurídico que permita clarificar la legislación aplicable a las construcciones y usos en terrenos no urbanizables, con vistas a posibles modificaciones normativas. Entre las medidas que se están evaluando se incluyen la expropiación de terrenos, la restitución de la legalidad y la adaptación de ordenanzas municipales.

Asimismo, dentro del proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se está llevando a cabo un estudio exhaustivo de inundabilidad en todo el municipio. Este análisis incluirá los desarrollos recientes y será una herramienta clave para la planificación futura en Alicante, tanto en materia de urbanismo como de protección frente a emergencias como una DANA.

Formación y prevención

Como parte de las actividades de la Mesa Técnica, el Ayuntamiento y la AVPT han organizado un taller de formación dirigido a agentes de la Policía Local de los municipios de la comarca del Campo de Alicante. En este encuentro, los agentes han recibido información sobre cómo identificar y actuar ante asentamientos irregulares e infraviviendas en zonas de riesgo de inundación. Este tipo de formación busca mejorar la coordinación y efectividad en las intervenciones de control del territorio.

El Consistorio sostiene que estas medidas buscan, en última instancia, la restauración de la legalidad urbanística y la reducción de riesgos para los ciudadanos. Las órdenes de paralización de obras incluyen advertencias de sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento, así como la posibilidad de precintos por parte de la Policía Local y denuncias a la autoridad judicial por delitos de desobediencia.

Con estas medidas, el Gobierno municipal pretende reforzar la protección del territorio y la seguridad ciudadana, en un contexto marcado por el aumento de riesgos asociados a posibles inundaciones y la expansión de asentamientos en zonas no aptas para su desarrollo. Las actuaciones continuarán en los próximos meses, en coordinación con las entidades implicadas y bajo los parámetros establecidos por las normativas locales y autonómicas.