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Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, en una imagen de archivo en la Diputación de Castellón
El alcalde de Peñíscola, citado a declarar como investigado por presunta malversación y prevaricación
La jueza ha abierto diligencias previas a raíz de una querella presentada en el año 2022 en la que se denuncian supuestas irregularidades en la gestión del Patronato Municipal de Turismo del municipio
El alcalde de la localidad castellonense de Peñíscola, Andrés Martínez, perteneciente al Partido Popular, ha sido citado a declarar como investigado al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaroz, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y estafa. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana confirmó ayer que la jueza ha abierto diligencias previas a raíz de una querella presentada en el año 2022 en la que se denuncian supuestas irregularidades en la gestión del Patronato Municipal de Turismo del municipio, antes de su disolución oficial en febrero de 2015.
Según el auto, la jueza apunta que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación» y ha citado a declarar a Martínez, en calidad de querellado, este mismo jueves día 30. La querella se dirige contra otras 49 personas más, pero, tal y como han apuntado desde el TSJ, por el momento únicamente ha sido citado en la causa el alcalde de Peñíscola.
El denunciante, es decir, quien presentó la querella, es actualmente concejal de Compromís en el Consistorio. El edil pone en conocimiento del juzgado una serie de hechos que giran en torno a la gestión del Patronato Municipal de Turismo y pide que se investiguen. Este organismo se fundó en 1993 y estaba presidido por el alcalde de Peñíscola, el cual también es diputado provincial, aunque con funciones delegadas en el edil de Turismo a partir de 2003.
El Patronato se disolvió oficialmente en febrero de 2015, cuya fecha de publicación del acuerdo consta en el Boletín Oficial de la Provincia, pero, según la querella presentada por el concejal de Compromís «estuvo funcionando sin adaptarse a la ley 57/2003 desde que entró en vigor hasta su disolución».«Disfunciones y duplicidades»
La querella admitida a trámite incluye dos informes jurídicos firmados por el secretario municipal, en los que se detallan las «disfunciones y duplicidades» del organismo autónomo y se propone su disolución.
El primero de estos informes, fechado en septiembre de 2012, señala que, aunque en sus inicios los organismos autónomos como este patronato ofrecían mayor agilidad en la gestión y flexibilidad en el control presupuestario, la legislación vigente en ese momento ya era mucho más restrictiva. Como resultado, el Patronato Municipal de Turismo debía regirse por las mismas normas de contratación, gestión de personal y presupuestarias que cualquier administración pública en España.
El informe subraya que la Ley 57/2003 alteró significativamente el régimen jurídico de estos organismos, imponiéndoles controles específicos por parte de la concejalía de la que dependen en materia de personal, patrimonio y contratación pública. Ante esta evolución normativa, la Secretaría municipal concluye que han desaparecido las ventajas que justificaron la creación de estos organismos y que el mantenimiento del Patronato supone más inconvenientes que beneficios para el Ayuntamiento de Peñíscola.
Entre las disfunciones detectadas, se menciona la existencia de contratos administrativos ajenos al objeto del Patronato, como servicios de taichí, aeróbic, visitas guiadas, gestión de redes sociales, fomento del fútbol sala y actuaciones musicales. Según el informe, el hecho de que estos contratos sean gestionados por el Patronato impide su fiscalización por los órganos de control del Ayuntamiento. Además, advierte que las subvenciones concedidas por el organismo debían estar sujetas al derecho público, pero su estructura no permitía garantizar dichos controles.
Presupuesto cerca del millón
Ambos informes indican que el patronato gestionaba un presupuesto cercano al millón de euros y dependía casi por completo de la financiación del Ayuntamiento, que en 2013 le transfirió 344.620 euros. La disolución del organismo fue aprobada en un pleno municipal el 21 de noviembre de 2013, estableciendo que su extinción se haría efectiva con la entrada en vigor del presupuesto municipal de 2014, momento en el que el Ayuntamiento asumiría sus funciones.
La querella presentada destaca un decreto de alcaldía emitido en enero de 2014, pocos días después de la activación del nuevo presupuesto, en el que se autorizaba un gasto de cerca de 23.000 euros al presidente del Patronato Municipal de Turismo para la feria Fitur 2014. Sin embargo, dicho pago estaba condicionado a su justificación y rendición de cuentas ante la Intervención municipal.