Los sindicatos alertan sobre la situación de las prisiones de Alicante: «Es una auténtica bomba de relojería»

La situación en las cárceles de la provincia de Alicante está al borde del colapso. Falta de personal médico, agresiones sin consecuencias y plagas de ratas y cucarachas marcan el día a día en estos centros penitenciarios. Así lo denuncia en conversación con El Debate, Joaquín Leyva, portavoz del sindicato de prisiones Acaip UGT, que advierte sobre el aumento de la conflictividad debido a la «política de buenismo» del Gobierno y la falta de recursos adecuados.

Según Leyva, el problema principal radica en la gestión de las sanciones a los internos. «El incremento de la conflictividad en los centros penitenciarios viene generada en gran parte por una política de buenismo en la que el preso tiene la sensación de que sus acciones no tienen consecuencias», denuncia. Considera que no se está aplicando el régimen disciplinario de manera adecuada: «No se aplican las sanciones disciplinarias que serían adecuadas y proporcionadas a estas actitudes violentas».

Según sostiene, la falta de firmeza a la hora de aplicar medidas tras una agresión favorece la reincidencia: «Si nos encontramos con situaciones en las que en apenas un par de horas ese interno vuelve a su módulo a un régimen de vida igual que el que tenía antes, las consecuencias han sido mínimas y se produce esa escalada en la agresividad y la conflictividad».

Además, según el portavoz sindical, muchas agresiones ni siquiera se reflejan en los registros oficiales: «En la mayoría de las ocasiones ni siquiera se activa este protocolo y muchas agresiones quedan incluso fuera de la contabilidad oficial. Si se incluyeran, el número de agresiones se incrementaría exponencialmente» Tanto es así que asegura que «internos que deberían estar en primer grado, están en segundo grado aunque tengan actitudes violentas».

Falta de médicos y caos sanitario

Otro de los problemas que destaca Leyva es la crisis sanitaria dentro de los centros penitenciarios. «Más del 70 % de los médicos no están en prisión. En Villena, por ejemplo, actualmente solamente hay un médico de los siete que debería haber. Es evidente que no podemos dispensar una atención médica apropiada».

A esto se suma la falta de cumplimiento de la Ley de Cohesión Sanitaria de 2003, que establecía que la sanidad penitenciaria pasaría a ser competencia de las comunidades autónomas. «En 2003, la Ley de Cohesión Sanitaria establecía que las comunidades autónomas asumirían la sanidad penitenciaria, como hicieron con la educación. Estamos en 2025 y sigue sin cumplirse», este es el motivo por el que el Gobierno se desentiende de cubrir las vacantes de médicos, ya que es algo que deberían asumir las autonomías, denuncia.

Existe un alto porcentaje de presos provenientes de Marruecos, cuyo único arraigo con España –en algunos casos– es el delincuencialJoaquín LeyvaPortavoz Acaip UGT

La situación es especialmente preocupante en centros como Villena y el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent. «No podemos tener una población reclusa de enfermos como la de Villena, con 700 internos, o la del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, con 250-300 internos psiquiátricos, sin atención médica. Eso es una auténtica bomba de relojería».

La mayor parte de la población reclusa en estos centros es española, «por razones obvias», según Leyva, pero también existe un alto porcentaje de presos provenientes de Marruecos, cuyo único arraigo con España –en algunos casos– es el delincuencial. En las cárceles alicantinas, los delitos más frecuentes son los delitos contra el patrimonio, especialmente robos, delincuencia organizada y tráfico de drogas.

A las carencias en materia de seguridad y sanidad se suma la insalubridad en las instalaciones, como ocurre en la prisión de Fontcalent, donde los funcionarios y reclusos conviven con plagas de ratas y cucarachas. «No es agradable para nadie convivir con ratas ni convivir con cucarachas. Cuando vas a coger un papel de una impresora, tener que mirar primero, no vaya a ser que haya una cucaracha. O cuando vas a hacer una ronda nocturna, tener que ir dando zapatones por el suelo para evitar que te puedas encontrar con una rata de grandes dimensiones».

Según Leyva, este problema no es nuevo y ya ha tenido consecuencias graves en el pasado. «Hace pocos años tuvimos una plaga muy similar en la que las ratas acababan mordiendo los cables de aire acondicionado, provocando que murieran electrocutadas en los conductos y que los trabajadores y presos estuvieran respirando el cuerpo muerto del animal».

Que no se maquillen las estadísticas, que atendamos a la realidad y que se aplique la normativa en función del perfil individualizado del internoJoaquín LeyvaPortavoz Acaip UGT

La Inspección de Trabajo ya ha amonestado al centro alicantino por la plaga de roedores que sufre la prisión alicantina desde hace más de un año: «El centro ha recibido una amonestación por parte de la Inspección de Trabajo, que ha señalado que efectivamente tiene que actuar y poner solución a este problema».

Reivindicaciones del sindicato

Desde Acaip UGT exigen soluciones inmediatas. «Nuestra reivindicación principal es que no se maquillen las estadísticas, que atendamos a la realidad y que se aplique la normativa en función del perfil individualizado del interno».

Una de sus principales luchas es que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, lo que supondría un reconocimiento y protección legal en caso de agresiones. «Llevamos muchos años reivindicando ser considerados agentes de la autoridad. Es inconcebible que a estas alturas los trabajadores penitenciarios no tengamos esa condición y que las agresiones que sufrimos queden impunes».

A pesar de un acuerdo firmado en 2022 que incluía mejoras económicas, Leyva denuncia que «las demás medidas que se acordaron siguen sin aplicarse. La Administración siempre tiene una excusa para no afrontar los problemas reales de la institución».

Finalmente, el funcionario hace un llamamiento a los partidos políticos para que dejen a un lado sus intereses y actúen: «Instamos a los grandes partidos políticos a que dejen de lado el tacticismo político y aprueben definitivamente la condición de autoridad para los funcionarios de prisiones». Además, exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que «ordene que se haga una clasificación interior acorde a la realidad para reducir tanto el número de agresiones a trabajadores como entre internos», concluye.