La asociación valenciana que canalizó el dinero para el chalé de Ábalos en Perú ya no tiene los archivos

El Fons Valencià per la Solidaritat es una de las entidades públicas que financió la casa-centro social del exministro José Luís Ábalos en Perú, según confirman los documentos de la Embajada española. La asociación, que financia proyectos y fundaciones con dinero de otras administraciones, a día de hoy no tiene ningún registro de este caso, ya que, por ley, solo están obligados a guardarlos durante cuatro años y han pasado 28.

El Debate ha contactado con la entidad, quien ha confirmado que también conoció el caso de Ábalos y su implicación a través de lo publicado por la prensa y no sabían «nada del proyecto». Según han explicado a este periódico, los archivos «legalmente se guardan durante cuatro años, pero nosotros los guardamos un poco más, seis o siete años por si acaso».

«Hemos estado buscando el archivo, pero nada, no sale cantidad ni nadie ha solicitado la información hasta ahora, 28 años después», han confirmado desde el Fons. Y es que ha pasado tanto tiempo que no queda rastro de ese movimiento, ni en formato digital ni en físico.

El Fons Valencià per la Solidariat es una asociación formada por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad Valenciana que se unen para sumar recursos para proyectos contra la pobreza y trabajan por la igualdad de oportunidades mediante la cooperación internacional. La organización se financia con el dinero de otras administraciones públicas, como el caso de la Diputación de Valencia y los consistorios de Liria y Santa Pola, que también aparecen en los documentos del inmueble del exministro.

Y es que, según ha desvelado estas semanas El Debate, Ábalos aparece como el propietario de un inmueble en el país andino y ha publicado los documentos oficiales de la Embajada de España que acreditan las dos partidas públicas que se utilizaron para su construcción. Se trata de dos documentos que llevan el logo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, en las que aparecen instituciones que pusieron fondos, entre ellas, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, en ese momento presidido por el socialista José Bono, la Diputación de Valencia, la entidad Fons Valencià per la Solidaritat y los ayuntamientos de Santa Pola y Liria, ambos gobernados por el PSOE en el momento en que se aprobó la adjudicación de las ayudas.

La primera de ellas fue de 107.931,67 euros y la segunda, que se otorgó para «mejoras de las condiciones de salud y saneamiento básico», de 38.972,64 euros. A pesar de los datos que aparecen en los documentos, que tienen carácter oficial, el exministro sostiene que «es falso» que el centro social fuera construido con estos recursos públicos.

Procedimiento judicial

Este periódico confirmó tras contactar con la Diputación de Valencia que cuando exista una resolución judicial acerca de la compra del inmueble financiado con subvenciones públicas «tomará las medidas pertinentes» y «reclamará el dinero» que la administración entregó en aquel momento.

Las subvenciones a las entidades a las que se dedica el dinero al final de año están obligadas a justificar en qué lo han gastado, por lo que, «si efectivamente no coincide en que el dinero se ha gastado en lo que ellos decían, la postura será exigir o reclamar ese dinero de vuelta», han confirmado desde la Diputación.

En la misma línea parece que se encuentra el Fons Valencià, pero todavía no han podido confirmar cuál será su procedimiento a seguir si este caso avanza en los juzgados. «Si se judicializara el tema, si supiésemos más acerca del proyecto y tuviésemos constancia, valoraríamos ir a la vía judicial», han señalado a El Debate desde la asociación.

Según han explicado a este periódico, la directiva es quien decide si procederá y cómo lo hará, pero estas decisiones se toman en la junta directiva, que se reúne una vez al mes y «todavía no se ha abordado este tema, por lo que no se puede decir más», han sentenciado desde el Fons.