Mazón descarta personarse en la causa de la dana: «No nos lo hemos planteado»

«Ni yo ni la Generalitat nos los hemos planteado». Así de tajante se ha pronunciado el presidente autonómico valenciano, Carlos Mazón, cuando, este lunes, los medios de comunicación le han preguntado sobre si se personará y declarará voluntariamente ante la juez de la dana. En dos autos de este domingo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja imputaba a la que era consejera de Justicia y Emergencias durante la riada, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso y rechazaba citar a declarar como investigado a Mazón, al estar aforado.

A las puertas del Palacio de la Generalitat y antes de presidir el Pleno del Consell, el dirigente 'popular' ha aseverado que se ha «enterado a través de los medios» de sendos autos, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informaba el domingo de que «la juez ha decidido comunicar al jefe del Consell, que es aforado, la presente resolución para que tenga conocimiento de las actuaciones, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y pueda solicitar su personación».

En todo caso, el político alicantino ha descartado dar su versión de los hechos ante la magistrada a la vez que manifestaba que tanto él como su Gobierno aportarían al proceso «total respeto y colaboración, como siempre». Mazón ha aseverado que él y la Generalitat Valenciana harán «la máxima entrega de información», como han venido haciendo desde el inicio del procedimiento que se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, aunque descartan personarse. El jefe del Consell, asimismo, ha evitado pronunciarse sobre el contenido de los autos. «Mi opinión personal, que la tengo, me la voy a reservar por respeto», ha dicho.

Respecto a si se siente señalado por la juez, ha afirmado que «en cualquier caso, no»: «Lo que me siento es muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer. Más allá de los sentimientos, yo estoy muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento».

Recurso para imputar a Miguel Polo

Y es que la juez instructora, Nuria Ruiz, ha descartado por el momento investigar a algunos de los protagonistas de la gestión de la catástrofe, que se ha cobrado la vida de 228 personas en la provincia de Valencia, tales como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Jucar, Miguel Polo. En este sentido, la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud-Valencia ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación para que se impute también a Polo, «ya que este organismo desbloqueó el peligro de inundación, que, a nuestro modo de ver, agravó el peligro que se nos venía encima», de acuerdo con un comunicado recogido por Efe.

Desde esta asociación entienden también que la juez considere que, ante la condición de aforado de Mazón y por «estar acusado por otras querellas», no se pueda tomar sobre él «una decisión en estos momentos», aunque, eso sí, esperan «una posterior decisión al respecto». Por el momento, la instructora centra el foco de la responsabilidad de las muertes en la Consejería encargada de dar la alerta a la población para prevenirse de las inundaciones. Ésta llegó a las 20:11 minutos de ese día, cuando ya había muerto gente, según los testimonios recogidos en la instrucción.

Para la juez, había información suficiente sobre la riada y la alerta a la población se envió tarde

Para la titular del juzgado nº3 de Catarroja, la convocatoria del Cecopi, a las cinco de la tarde del pasado 29 de octubre, «se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor». Como recuerda la juez, el Cecopi «es un órgano de coordinación» en materia de emergencias con otras administraciones (como la propia Delegación del Gobierno), pero «ello es completamente independiente de las decisiones que se pueden tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección».

Así, la magistrada considera que los anuncios sobre la «gravedad de la situación» se produjeron «en diversos ámbitos y con una antelación suficiente», a través de Aemet, las llamadas al teléfono de emergencias de la Generalitat 112, los medios de comunicación o la CHJ. «El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión», afirma en uno de los autos la jueza Ruiz, de acuerdo con un comunicado del TSJCV.

En un escrito remitido a Efe, Pradas anuncia que ella sí se personará en el procedimiento para conocer la instrucción y las resoluciones dictadas durante varios meses y hasta esta fecha, «a fin de hacer valer los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico me confieren». «Siempre estaré en disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia de la catástrofe natural, la verdad de unas horas y unos días en los que me mantuve, desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable», ha apuntado.