Desalojo de un edificio okupado en Madrid, en una imagen de archivo
Comunidad Valenciana
Castellón ultima la creación de una oficina antiokupas
Las usurpaciones de viviendas superaron los dos centenares el último año en una ciudad que se ha convertido en uno de los puntos negros de este fenómeno en España
Castellón se ha convertido en los últimos años en un importante foco de okupación. Los datos de la provincia del año 2022 hablan de 439 ejecuciones hipotecarias de viviendas, según el Consejo General del Poder Judicial. Las cifras del Ministerio del Interior apuntan, por su parte, que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 224 casos de usurpaciones ilegales de casas en 2021, un 67 % más que el año anterior.
Una dinámica que se nota especialmente en la capital, donde su alcaldesa, Begoña Carrasco, denunciaba hace unos meses, cuando aun estaba en la oposición, que los okupas «ya entran a las casas con los propios vecinos dentro», a la vez que recordaba que se habían disparado todos los índices de inseguridad, por lo que reclamaba un mayor número de agentes del CNP al titular de la Cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Carrasco, junto a los miembros del Colegio Oficial de Abogados de Castellón
Ahora, la regidora se ha propuesto combatir esta situación por otras vías, que entran dentro de sus competencias. El pasado jueves mantuvo una reunión con el decano y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Abogados de Castellón (CACS), Manuel Eugenio Mata, con el fin de abrir vías de colaboración y trabajar de la mano entre ambas instituciones para crear un órgano para tratar de erradicar el problema, uno de sus compromisos si llegaba a gobernar la ciudad, como así sucedió tras los comicios del pasado 28-M.
«Nos ponemos a trabajar de la mano del Colegio de Abogados de Castellón para poner en marcha cuanto antes la oficina antiokupas para prestar asesoramiento jurídico a los afectados. El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas es un problema que afecta a todos los barrios de la ciudad, por eso vamos a darle solución desde el Ayuntamiento», aseguraba la alcaldesa.
«Los vecinos nos piden ayuda»
Carrasco criticaba que «ante la falta de políticas del anterior Gobierno –en alusión al de la socialista Amparo Marco Gual–, nos ponemos a trabajar para atender los problemas de los afectados por las okupaciones. Es una prioridad para este Gobierno, por eso vamos a impulsar tan pronto como podamos este servicio de asistencia municipal». «Desde hace tiempo –continuaba– los vecinos nos piden ayuda por las consecuencias de inseguridad que se derivan de este fenómeno que preocupa a los castellonenses».
La primera edil castellonense apuntaba, asimismo, que el refuerzo del área de seguridad con más agentes de Policía Local y las patrullas en la calle ayudarán a frenar este problema que ha convertido a su ciudad en uno de los puntos negros de este delito en España.
