La izquierda aprovecha el refuerzo policial en Valencia para acusar a Catalá de «aporofobia y racismo»

Hablar de tregua política en el Ayuntamiento de Valencia resulta una ilusión. Ni siquiera las fiestas de Navidad supusieron un rato de paz en la vida institucional levantina, ya que tanto el PSPV-PSOE como Compromís cargaron contra el equipo de gobierno municipal por la organización de los eventos y actividades propios de esas fechas, incluida la Cabalgata de Reyes. Ahora, mientras la capital deja atrás el muérdago y ya piensa en la pólvora fallera, la nueva polémica gira en torno a la seguridad en el antiguo cauce del río Turia.

El pasado lunes, el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell (del Partido Popular), y el de Parques y Jardines y segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, de Vox, presentaron las nuevas medidas del Ayuntamiento encaminadas a «incrementar la seguridad» en diversos tramos del parque urbano, por el que cada día pasan miles de valencianos dando un paseo o haciendo deporte. Entre las iniciativas aprobadas está la de «duplicar la vigilancia que se está realizando por parte de la Policía Local» en estas zonas.

Además, se instalarán cámaras de seguridad tanto en el 'pulmón verde' de la ciudad como otras partes del casco. El objetivo no es otro que el de que los parques y jardines valencianos «estén mucho más seguros», señala Badenas. Concretamente, estos dispositivos se pondrán en los tramos de Campanar y el Parque de Cabecera, por lo que todo el recorrido estará bajo el circuito de grabación.

Asentamientos ilegales

En estos lugares, así como en otros puentes de los que abarca el viejo cauce, es habitual que se instalen varios grupos de inmigrantes ilegales y vagabundos, especialmente cuando cae la noche, y montan sus asentamientos para intentar dormir. Es por ello que el Ejecutivo de María José Catalá aumentará las unidades policiales destinadas a la vigilancia del antiguo Turia en aras de «profundizar en el control policial», más aún cuando se trata de «un lugar en el que los vecinos deben sentirse seguros y en el que la Policía Local ya tiene especial atención». Igualmente, se acometerá la construcción de nuevos estanques en esos puntos para «evitar asentamientos ilegales, en algunos casos con personas que están perturbando el buen desempeño y el disfrute de las personas de Valencia de sus parques y jardines», en palabras del segundo teniente de alcalde.

Esa hoja de ruta en absoluto ha gustado a la izquierda en el Ayuntamiento levantino, que no ha desperdiciado el tiempo a la hora de criticar a la mandataria 'popular', utilizando para tal tarea términos gruesos y alejados del sosiego. Así, la portavoz del PSPV-PSOE en el Consistorio, Sandra Gómez, ha anunciado que su formación ampliará la denuncia que ya ha presentado ante el Defensor del Pueblo por lo que considera «el desmantelamiento de los servicios sociales» por parte del equipo de gobierno municipal.

En este sentido, no duda en calificar las medidas impulsadas de «aporófobas y racistas», ya que, a su juicio, con ellas lo que se consigue es «perseguir a las personas más vulnerables». «He de decir que me avergüenza una vez más el Gobierno que hoy representa a la ciudad (porque) de forma abierta y clara persigue y denosta a las personas que están en una situación de pobreza», señala la síndica socialista.

«Medidas de odio»

Del mismo modo, Gómez cree que este colectivo «molesta a la derecha» y por eso piensa que su modo de actuar no tiene «ningún tipo de sensibilidad» y con él se continúa «sin ofrecer ninguna alternativa para que puedan pernoctar» estas personas. Siguiendo con los ataques al PP y Vox, la exvicealcaldesa les ha reprochado que «lo único» que pretenden es «apartar y esconder a las personas sin hogar en lugar de buscar soluciones que les ayuden a no tener que dormir al aire libre», por lo que la reunión entre Carbonell y Badenas la tilda de dos personas que «se reúnen para hostigarles porque no les molesta la pobreza que están sufriendo, sino que puedan perturbarles mientras pasean por los jardines de la ciudad».

No se queda atrás Compromís, que también acudirá al Defensor del Pueblo para que se pronuncie sobre lo que denomina «medidas de odio hacia las personas sin hogar y racistas que está haciendo el Gobierno de Catalá», según la visión de la concejal Lucía Beamud. La nacionalista apunta que Catalá «se siente muy cómoda utilizando a Vox como ariete para imponer unas políticas claramente de aporofobia», una situación que aprovecha para censurar a la exregidora 'popular' Rita Barberá porque, en su opinión, instaló en 2007 un estanque en el antiguo cauce «con el mismo propósito que ahora».

Siguiendo esa línea argumentativa, la jefa de filas de Beamud en el Ayuntamiento, Papi Robles, que ejerce de portavoz desde el pasado mes de diciembre, no muestra reparos al asegurar que la alcaldesa quiere «eliminar a los 'pobres' de los lugares donde les molestan», con lo que lamenta que esté llevando a cabo una política social «inhumana», entre otros aspectos porque cree que se estaría relacionando delincuencia con inmigración.

La de las cámaras y los estanques no es el primer aspecto político en relación a la seguridad en el parque. A finales de diciembre, el Consistorio revocó el permiso para que una ONG repartiera en pleno cauce 600 raciones de comida a personas vulnerables, aludiendo a razones «higiénico-sanitarias», tal como se pudo comprobar en las fotos que publicó en su día El Debate. En ese caso, el Ayuntamiento se comprometió a buscar «unas instalaciones fuera del Jardín del Turia adecuadas para tal fin, y que cuenten con un recinto cubierto con instalaciones de aseo y limpieza personal».