Advierten de que una reforma legal del Gobierno desbarata la subasta de bienes decomisados a narcos en Galicia

En abril de este año, la Xunta mantuvo una reunión con el Colegio de Procuradores de La Coruña y con la Fundación Gallega contra el narcotráfico (FGN) en la que acordaron continuar con la colaboración que mantienen desde 2015 y que tiene como objetivo la mejora de la gestión de los bienes incautados en delitos de narcotráfico de Galicia.

Ahora, el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia podría cambiarlo todo. Según los procuradores coruñeses y la fundación «pondría en riesgo uno de los pilares de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico en Galicia», al desbaratar en una de sus disposiciones la prestación del Servicio de Gestión de Bienes intervenidos al Narcotráfico (SGB). Concretamente, se trata de un cambio incluido en el proyecto legislativo, tramitado en el Congreso y que ahora pasará al Senado, donde se modifica el artículo 636 y deja sin contenido el 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que facultaban a los colegios de procuradores a realizar subastas como entidades especializadas.

En la práctica, esta modificación impediría al Colegio y a la Fundación gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, imposibilitando la prestación de «un servicio especialmente valorado por las unidades policiales y judiciales de Galicia, con el que contribuyen y colaboran eficazmente en la lucha contra el crimen organizado», denuncian. Así pues, la citada reforma legal -tal y como está redactada en caso de ser definitivamente aprobada- supondría un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico, puesto que dificulta -cuando no impide- y ralentiza la venta de los bienes muebles intervenidos al quedar solo como canal de venta la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado.

El decano del Colegio de Procuradores de La Coruña, Javier Carlos Sánchez García, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, han remitido al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios una carta expresando su preocupación por la modificación legal prevista y solicitando que se deje sin efecto esa disposición en la redacción definitiva de la ley.

Una colaboración productiva

La Xunta de Galicia colabora con el Colegio y la Fundación desde hace diez años, poniendo esta herramienta a disposición de los juzgados y prestando un servicio que cuenta con el apoyo de todos los actores de la lucha antidroga en la Comunidad gallega. El SGB, ahora en peligro, ayuda a agilizar la labor de las unidades judiciales, aporta ingresos directos al Estado a través de la venta anticipada de los bienes bajo autorización judicial, reduce los costes de depósito y fomenta el uso social de los bienes comisados.