La alcaldesa de La Coruña maniobra para frenar la crisis con el BNG con un cambio del presupuesto

La crisis que el BNG abrió con el Gobierno local de La Coruña (PSOE) al retirarle su apoyo de forma indefinida vivió un nuevo capítulo este miércoles. La alcaldesa, Inés Rey, anunció que propondrá en el pleno municipal la aprobación de una modificación del presupuesto para pagar 3,4 millones de euros en facturas irregulares a proveedores del sector cultural, en un intento por contentar a los nacionalistas. De este modo, la regidora maniobra para intentar evitar una situación que le dejaría en minoría en todas las votaciones que se celebren en las sesiones plenarias, ya que el PP cuenta con 12 concejales en la Corporación local, frente a los 11 socialistas, y podría bloquear cualquier iniciativa.

El anuncio de la primera edil coruñesa llegó tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, en la que se dio luz verde a un cambio en las cuentas para hacer frente al pago de estas obligaciones contraídas por el Ayuntamiento. Inés Rey señaló que se trata de «una medida necesaria» para «afrontar pagos vinculados a servicios que están prestados y que no tenían asignación presupuestaria». En concreto, este incremento del presupuesto asciende a un total de 7,2 millones de euros, de los que 5,2 se financiarán con el remanente de tesorería y el resto procederá de partidas en las que no se utilizó todo el dinero fijado, como es el caso del contrato de asfaltados o el de electricidad.

Esta modificación recoge que 3,4 millones irán destinados a hacer frente al pago de gastos pendientes derivados de la organización de fiestas y festivales durante todo el año 2023 (el resto se dedica a afrontar pagos derivados de sentencias judiciales). Inés Rey aseguró que esta cantidad recoge «todas las facturas». Un informe de la Intervención municipal las cuantificaba en 3,6 millones y el BNG eleva la cifra hasta los 4,3 millones. Estas facturas se realizaron con «omisión» de la función de control de los técnicos municipales, «de la existencia» de partidas presupuestarias asignadas y de los «procedimientos de contratación» exigidos por la normativa legal, según alertó el interventor municipal.

No hay «acuerdo de mandato»

La crisis arrancó este pasado martes, cuando el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, anunció que su formación retiraba su apoyo a las propuestas del PSOE hasta solucionar el pago de las facturas. «No vamos a dar apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno mientras no se proceda a la modificación de los presupuestos para resolver este problema», aseguró durante una rueda de prensa para hacer balance del primer año de este mandato. También indicó que «el acuerdo de investidura fue puntual» y que «no es un acuerdo de mandato». «No es el equivalente a un pacto de investidura», recalcó.

El PP se pronunció este miércoles sobre esta situación. El concejal Roberto Coira reclamó a la alcaldesa «una solución urgente» para pagar a los proveedores del sector cultural porque «el Ayuntamiento está causando perjuicios» a estos autónomos y empresas. Eso sí, advirtió que deben cumplirse las «exigencias» del interventor municipal.