Aitoir Bouza en una foto de archivo
División en el PSOE de Santiago por la posición sobre las licencias de los pisos turísticos
Los votos de los socialistas son decisivos para poder sacar adelante la ordenanza planeada por el BNG
el Ayuntamiento de Santiago, gobernado por el BNG, hizo pública una nueva ordenanza en la que se incluía la negativa de conceder licencia a más de 600 familias que operaban, hasta ahora, como pisos turísticos en la capital gallega.
Ahora, el secretario general del PSOE en el concello, Aitor Bouza, ha comunicado que su partido se abstendrá en la votación que tendrá lugar el próximo lunes. Su voto, decisivo, no permitirá que la polémica ordenanza siga adelante.
El gobierno local tenía pensado hacer una regulación de las viviendas preexistentes en las listas que les impediría actuar como VUT (vivienda de uso turístico) por más de 60 días al año y cumpliendo, además, una serie de requisitos que la mayoría no estaba dispuesto a realizar.
Los socialistas compostelanos se abstendrán, pero el clima es de tensión al tratarse de un tema de gran alcance. No todos los miembros del partido están de acuerdo con la decisión tomada a pesar de que, en una rueda de prensa, Bouza ha sostenido que se tomó por unanimidad.
En relación a la abstención, el socialista ha considerado que la normativa regula algo que «ya se sabe que no es posible», ya que el vigente decreto de la Xunta prohíbe la cesión de vivienda para uso turístico por cuartos o estancias, por lo que esta forma de hospedaje, cuando tenga finalidad turística solo podrá desarrollarse si la normativa especial de Turismo de Galicia lo permite.
Bouza ha insistido en que esta nueva ordenanza «no regula» los usos preexistentes y «quedan absolutamente en un limbo». «Lo que rechazamos son las formas, no el fondo, porque es una reiteración de lo que regulaba el Plan General. Rechazamos la falta de transparencia, la opacidad, de rendición de cuentas del gobierno municipal. No vamos a validar ni a dar un cheque en blanco», ha añadido.
La decisión tomada por el Ayuntamiento había levantado una gran polémica ya que los afectados dijeron sentirse «engañados» por la alcaldesa Goretti Sanmartín que les había prometido que se buscaría un «encaje» para los pisos turísticos ya existentes.
