Aitziber Bañuelos

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La Universidad de La Coruña encarga a una ex portavoz de presos etarras un curso sobre violencia de género

  • Cinco sindicatos de la Policía Nacional denuncian que Bañuelos Ganuza fue «locutora y representante» de encarcelados de ETA

  • El centro educativo defiende que «debe partir de un principio de neutralidad ideológica y de escrupuloso respeto a la libertad de expresión»

  • El Senado vota la reducción de condenas para los presos de ETA

La polémica salpica a la Universidad de La Coruña (UDC) por un curso sobre violencia de género. Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP, UFP, SPP y CEP denunciaron este pasado jueves que esta institución pública ha encomendado a Aitziber Bañuelos Ganuza, conocida por su actividad en como portavoz «de las Gestoras Pro Amnistía, locutora y representante público de los presos de la organización terrorista ETA» durante los años 90. La formación está programada para los días 14 y 28 de octubre, además de otra sesión programada para el 4 de noviembre.

Los representantes policiales explica que su «voluntad» es «manifestar» su «rotunda condena» a la participación de esta persona en un foro público como la Universidad coruñesa. «El sufrimiento causado en forma de muertos, heridos y desplazados durante décadas por parte de la organización a la que esta persona representa no debería hacerla digna de ningún reconocimiento, participación o contratación en una institución tan importante e imprescindible para la sociedad», aseguran.

El curso que Bañuelos Ganuza tiene previsto impartir se denomina «prevención del acoso sexual y de la violencia de género en la UDC» y está destinado al personal PAS, es decir, de administración y servicios. En concreto, esta persona figura como «educadora social especialista en violencias machistas, maltrato infantil y victimología», según recoge la lista provisional de admitidos a esta sesión firmada el pasado 3 de octubre y que figuraba en la web de la universidad hasta este jueves, cuando dejo de estar disponible para la consulta del público. Constan inscritas en esta formación un total de 14 personas.

Los sindicatos policiales afirman que han solicitado al Rectorado «que reconsidere la participación de Aitziber Bañuelos en las jornadas a impartir en dicha institución así como su contratación en este y otros eventos a celebrar en la misma». Además, consideran «muy grave que con dinero público se esté financiando a personas con el currículum político reseñado». «¿Veríamos lógico que la Universidad pagada por todos contratase a un defensor público de maltratadores, o de violadores o de pedófilos?. ¿Por qué se acepta en este caso?», se cuestionan estas organizaciones de la Policía Nacional.

La UDC defiende su «neutralidad ideológica»

La Universidad de La Coruña defiende que para esta formación online evaluó el currículum, «los conocimientos y la experiencia en la materia de la persona formadora», sin «preguntarle ideología ni afinidades políticas». «La Universidad es un espacio plural, que debe partir de un principio de neutralidad ideológica y de escrupuloso respeto a la libertad de expresión individual de las personas que la integran, sin promover ni censurar ideologías».

El centro educativo señala que Bañuelos «ni está, ni fue encausada en un sumario ni en ningún proceso judicial». También destaca que cuenta con una «amplia trayectoria como educadora social y como especialista en violencias machistas, maltrato infantil y acompañamiento a supervivientes de violencia de género». «Desde 2020 da estos cursos a personal docente e investigador de la UDC. Es decir, hablamos del cuarto año en el que se ofrece esta formación. Las evaluaciones de las personas participantes en estos cursos han sido muy positivas. Razón por la que este año la UDC decidió ampliar esta formación especializada», detalla la Universidad.

Otra polémica en el País Vasco

No es la primera vez que se genera polémica por la presencia de Aitziber Bañuelos Ganuza en un curso. La Delegación del Gobierno en el País Vasco suspendió en 2023 la colaboración con esta especialista en violencia de género, quien impartió un curso a los funcionarios de la Administración General del Estado en esa comunidad autónoma, una vez se conoció una denuncia formulada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), similar a la que se ha realizado ahora en Galicia.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco emitió entonces un comunicado en el que pidió disculpas a las víctimas del terrorismo y mostró su «profundo respeto» a estas.

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