Los abogados explotan por las huelgas de funcionarios y jueces

Tres huelgas escalonadas. Ese es el panorama de la Justicia en España y, en su defecto, en Córdoba. Primero fueron los Letrados de la Administración de Justicia, los LAJ (por aclarar, los antiguos secretarios judiciales); ahora son los funcionarios; y jueces y fiscales ya anunican que la harán.

Una situación límite, que ha llevado al decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, a comparecer ante los medios para denunciar lo que considera «una situación absolutamente insostenible», que se prolonga desde el pasado 26 de enero.

Y, para Ararias, «lejos de solucionarse continúa» y no se vislumbra una salida rápida a la cuestión. En este sentido, el decano se ha lamentado de que se está viviendo un «bucle, como el día de la marmota». A la par que ha considerado que esto supone «darle la puntilla a lo que teníamos».

Y es que el sistema ya andaba mal -o peor- y, con los propios cálculos del decano, los procedimientos judiciales se han retrasado, «como poco un año, añadido a los años que teníamos de antes». Para Arias, «lo que me fastidia es que se le llena a todo el mundo la boca con los derechos de los ciudadanos, pero la ciudadanía se la trae al pairo».

Doble rasero

Contundente y no con poca indignación, el decano ha detallado que «la inmensa mayoría de las veces ni se les comunica la suspensión de los juicios», a los abogados y a las partes.

Asimismo, Arias ha recordado que «en el año ’96 hicimos un amago de huelga y se nos dijo por el Tribunal Supremo que, por meras reclamaciones salariales, no se podía suspender la tutela judicial efectiva (los juicios). Eso lo decía el Tribunal Supremo», ha reiterado para denunciar que «aquí lo que se está reclamando son retribuciones salariales, que les paguen más a jueces y fiscales». Por lo que el rasero de la tutela judicial efectiva «solo se le aplica a los abogados».

Los que pagan las consecuencias

«La Abogacía se caracteriza por defender a la gente y, para hacerlo, nos hemos quedado solos», ha proseguido Arias. El decano ha indicado además que los LAJ «ya tienen ingresadas sus nóminas, los funcionarios las tendrán, los abogados no tenemos nómina». De modo que la Abogacía es la que va a sufrir las consecuencias, y la ciudadanía, somos los únicos que les estamos dando apoyo, los que los consolamos”.

Ello para explicar que el Colegio de la Abogacía ha apoyado la protesta de sus compañeros del turno de oficio, pero que sirva de reflejo de lo que la Abogacía sufre a nivel general. «Somos la cuarta pata de la mesa, sin nosotros la justicia se va al garete», ha afirmado Arias.

Piden respeto

En ese sentido, el decano ha realizado un llamamiento para quese «respete» a la Abogacía. Y ha puesto el ejemplo de la abogada embarazada (gemelar) que padecía una fuerte lumbalgia y a la que la juez no le concedió un aplazamiento.

Los funcionarios son «privilegiados» con sus nóminas, ha reconocido Arias, quien en todo momento ha respetado su trabajo (como el de los LAJ y de jueces y fiscales) y sus derechos legales y ha pedido a todas las partes implicadas que alcancen un acuerdo lo más rápido posible, ya que «en España hay muchos sectores que nos vamos a ver envueltos en muchos problemas».

Impacto

Sobre el impacto económico de esta huelga escalonada, el decano ha declarado que, «como sigamos así, va a ser la ruina, para el más grande y para el más chico».