Madrid, objetivo del agravio fiscal de Sánchez en sus negociaciones con los partidos independentistas

«Me gustaría saber si también van a romper con la autonomía fiscal del País Vasco y Cataluña». Así respondía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los planes del futuro Gobierno de Pedro Sánchez sobre la armonización fiscal que pretende aplicar en su nueva legislatura.

La respuesta a la pregunta de la dirigente popular es obvia: las reglas fiscales ya impuestas, y las inminentes, sitúan a la Comunidad de Madrid en el punto de mira mientras la autonomía fiscal de aquellas gobernadas por los separatistas quedan protegidas como oro en paño.

Las peticiones de las formaciones que pretenden romper la unidad de España no son únicamente ideológicas. Tampoco lo fueron nunca. Detrás de la cortina de la inconstitucional amnistía o la celebración de un referéndum ilegal, existen otras exigencias de carácter económico y difícil encaje.

A finales del mes pasado, Junts aseguró que el Estado español tenía una «deuda histórica» con Cataluña. Concretamente, la cifraba en 450.000 millones. Esta idea les llevó a pedir la condonación de la deuda de más de 70.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la mayor de toda España.

Mientras, el impuesto a las Grandes Fortunas amenaza el plan de la Comunidad de Madrid de continuar atrayendo inversiones que permitan un buen flujo de la economía. Según los datos del Ministerio de Hacienda, esta recaudación se cifra ya en 623 millones de euros, de los que 555 proceden de Madrid. Por lo tanto, este impuesto temporal que ahora el Ejecutivo baraja como permanente se nutre en un 90 % de la región gobernada por Ayuso. Por el momento, el Ejecutivo madrileño lo tiene recurrido ante el Constitucional y la Audiencia Nacional a través de un recurso contencioso-administrativo contra la orden de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.

Ayuso basa su malestar con el impuesto al considerar que incurre en la autonomía fiscal de la que disponen las comunidades autónomas. Este tributo interfiere con el Impuesto de Patrimonio bonificado por al 100 % en Madrid.

Mientras, la izquierda acusa a la presidenta madrileña de dumping fiscal, algo que la propia Ayuso ha calificado de «catetada».

Lo cierto es Ayuso culminó la pasada legislatura con 20 impuestos bajados y un ahorro de 700 millones de euros anuales a los contribuyentes. Además, los madrileños no pagan impuestos propios de la región desde el año 2021.

Pero los planes de Sánchez para España o, más bien, para su mandato, intervienen e intervendrán en la autonomía fiscal de Madrid y supondrán un agravio mientras el presidente en funciones pueda seguir sacando rédito político de ello.