Madrid garantiza que fiscaliza «cada euro» que paga a Quirón tras la polémica con la pareja de Ayuso

La Comunidad de Madrid fiscaliza en profundidad «cada euro» que paga al grupo Quirón en el marco de su modelo asistencial público-privada. Así lo confirman fuentes de la Consejería de Sanidad para despejar las dudas arrojadas sobre su relación con esta empresa raíz de ciertas informaciones publicadas sobre que el Gobierno autonómico habría duplicado el dinero adjudicado a Quirón Prevención desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso mantiene una relación sentimental con Alberto González Amador, consultor de la firma, y las acusaciones de que el Ejecutivo autonómico estaría poniendo «trabas» para inspeccionar los contratos de Madrid con Quirón Salud, una empresa que, subrayan, es diferente en términos «jurídicos y de actividad» a Quirón Prevención.

Para contextualizar cuál es la relación de la Comunidad de Madrid con las empresas privadas con las que colabora en materia sanitaria, desde el departamento comandado por Fátima Matute recuerdan que, además de los hospitales públicos tradicionales de gestión directa dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), existen dos tipos de concesiones público-privadas. Una que se limita a la construcción y mantenimiento del hospital, además de la prestación de servicios no sanitarios, y otra que incluye también la asistencia sanitaria por cuenta de la empresa concesionaria.

Fuentes del departamento afirman que a la hora de evaluar la asistencia sanitaria prestada en estos complejos hospitalarios de gestión indirecta los procedimientos son «transparentes y garantistas» y que es, precisamente por su «complejidad» por lo que, en ocasiones, «se producen dilaciones en los tiempos de ejecución administrativa».

En este punto, explican que la Consejería, cuando empieza el proceso de liquidación -que se realiza con carácter anual, justo a la finalización del ejercicio en que se ha desarrollado la actividad-, somete a tres tipos de auditorias a estas empresas con el objetivo de mirar «euro a euro» y pagar lo justo. Estas auditorias son una de aseguramiento de que los servicios prestados se han realizado a personas aseguradas por la administración madrileña, la segunda de datos, para verificar que toda la información es real, y la tercera de actividad, con el fin de comprobar que hay concordancia entre lo que dice la empresa que ha hecho y lo que efectivamente ha hecho.

Además, en el proceso auditoria, existe otra fase de alegaciones donde cada empresa concesionaria puede manifestar, en su caso, las discrepancias que de detecten. Después, le sigue la fiscalización por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

«Muestra del proceso garantista y de la fiscalización de cada euro, a lo largo de los años se han producido discrepancias por parte de las concesionarias que, en muchos casos, se han dirimido en los tribunales», esgrimen esas mismas fuentes.

De este modo, la Consejería de Matute asevera que «todo el proceso contractual y de liquidaciones es transparente y garantista» y que «la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún pago a ninguna de las empresas concesionarias de los hospitales que no haya pasado por todos los filtros».

Además, para aclarar cualquier acusación, sentencian que «la relación contractual con la Consejería de Sanidad se rige bajo estrictos criterios jurídicos y objetivos, sin que pesen ningún tipo de aspectos subjetivos».

Por ello, apuntan, «llama la atención cómo el PSOE pedía en la Asamblea a lo largo de la legislatura pasada que se pagaran las liquidaciones con mayor celeridad porque, según decían, era escandaloso acumular deuda y, ahora, el pago de las liquidaciones pendientes es motivo de sospechas, cuando se trata del cumplimiento de un contrato con todas las garantías».

Cabe recordar que PSOE y Más Madrid han reclamado en el Parlamento autonómico la fiscalización de los contratos con el Grupo Quirón, con Quirón Prevención entre los principales clientes de Alberto González, después de que la Fiscalía de Madrid le haya acusado de dos supuestos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.