Parte trasera de un Cabify
Madrid rechaza 7.706 licencias VTC de 25.000 que se presentaron por no cumplir la ley
No cumplían con algunas de las condiciones de la ley, como que los vehículos no estén domiciliados en su ámbito territorial
la Comunidad de Madrid ha rechazado la petición 7.706 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) solicitadas por parte de sociedades del grupo Cabify en el marco de un proceso judicial que se remonta a 2018. En concreto, se trata de un cupo de autorizaciones que Cabify pidió el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera entrar en vigor un decreto que limitaba la ratio de VTC a solo una por cada 30 de taxi.
El sector del taxi detalla que aquel día se solicitaron hasta 25.000 licencias de VTC en la Comunidad de Madrid. Tras varios recursos presentados por Maxi Mobility, filial de Cabify, el Tribunal Supremo ordenó abrir el proceso de nuevo y dejó en manos del Gobierno regional resolver sobre las autorizaciones VTC solicitadas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó una ley en junio del año pasado para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC. Esta normativa se articulaba en función de los motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.
Desde la Comunidad de Madrid explican que han denegado estas licencias al considerar que «no cumplen con algunas de las condiciones de la ley, como, por ejemplo, que los vehículos no estén domiciliados en su ámbito territorial o la imposibilidad de la empresa para acreditar su disposición en virtud de un título de propiedad o arrendamiento de larga duración».
Cabify ha anunciado que presentará un recurso en el ámbito nacional, «donde ha habido numerosas resoluciones a lo largo de los últimos años que han confirmado que diferentes Administraciones Públicas han actuado de forma contraria a derecho», remarcan.
Un Cabify en la Puerta del Sol
La compañía ha recordado que «prácticamente todas» las licencias VTC otorgadas en España en los últimos 15 años «son el resultado de sentencias judiciales que revocan decisiones de administraciones autonómicas que rechazan la concesión de licencias VTC como estas».
La Comunidad de Madrid ha resaltado además que tiene como «objetivo prioritario» que los servicios que se prestan en la región «cumplan con los requisitos de calidad y seguridad suficientes para que los ciudadanos puedan disfrutar de unas buenas prestaciones».
Así, ha aludido a un estudio elaborado por la Dirección General de Transportes para subrayar que la oferta de vehículos por hora es de 2 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que la demanda es de 1,47, «por lo que actualmente las necesidades de movilidad y la oferta de transporte existente está suficientemente cubierta».
