Los abogados de Madrid denuncian a Marlaska la «insostenible» situación para solicitar asilo en Barajas

Un vuelo procedente de Mauritania con solicitantes de asilo que alegaban ser víctimas de violencia de género, esclavitud y persecución por su orientación sexual ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los abogados madrileños encargados de tramitar estas solicitudes en el aeropuerto de Barajas. El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha mandado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle la «caótica» e «insostenible» situación que están viviendo sus profesionales a la hora de tramitar los asilos.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, describe el testimonio de una de las abogadas asignadas al servicio de asistencia jurídica del aeródromo madrileño como ejemplo de «un escenario que no es un caso aislado, sino que evidencia un grave problema estructural que requiere una intervención inmediata».

«Según el testimonio de nuestra colegiada, se encontró con un aeropuerto desbordado por la llegada de un vuelo procedente de Mauritania, con solicitantes de asilo que alegan ser víctimas de violencia de género, esclavitud y persecución por su orientación sexual. Sin embargo, la atención a estas personas fue lamentablemente insuficiente debido a la falta de recursos básicos: no había intérpretes adecuados, la policía y el personal de extranjería estaban sobrepasados, y los abogados se vieron obligados a realizar su labor en condiciones indignas, sentados en sillas sin mesas, utilizando sus propios teléfonos para comunicar la situación a los solicitantes a través de intérpretes remotos», explica el Decano en la misiva mandada al ministro.

A esto se suma, agrega, «la carencia de formularios para la solicitud de reexamen, la inexistencia de un espacio adecuado para trabajar y la falta de coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso de asilo».

Ribón apunta a que estas deficiencias no sólo afectan a la capacidad de los profesionales para realizar su trabajo de manera efectiva, «sino que también ponen en riesgo los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo».

Así las cosas, sentencia que esta situación «no es tolerable» y comunica a Marlaska que los abogados no pueden «seguir desempeñando su labor en estas condiciones».

Por ello, señala que es «imprescindible» que se implementen soluciones «urgentes» que garanticen «recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y extranjería, incluyendo intérpretes capacitados y formularios adecuados para los trámites» y «espacios de trabajo dignos para los abogados de guardia, que permitan llevar a cabo su labor en condiciones que respeten tanto su dignidad profesional como la de los solicitantes de asilo».

Asimismo, el Decano pide que se garantice la «coordinación efectiva entre las distintas entidades involucradas en el proceso de asilo, para evitar la duplicación de esfuerzos y la pérdida de tiempo valioso en situaciones de extrema urgencia», así como las «condiciones económicas justas que reconozcan la dedicación y el sacrificio de los abogados que participan en estas guardias, asegurando que no tengan que asumir gastos adicionales, como el parking o la comida, de su propio bolsillo».