Sánchez, un presidente necesitado de límites
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado ante una amnistía que atenta contra los principios constitucionales de legalidad e igualdad
La semana pasada la Comunidad de Madrid y la mayoría de comunidades autónomas recurrimos ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía. Son más de una quincena los recursos interpuestos contra esta abyecta Ley, que ataca frontalmente los pilares sobre los que se asienta nuestra Carta Magna.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado ante una amnistía que atenta contra los principios constitucionales de legalidad e igualdad, pues exime de responsabilidad a unos ciudadanos concretos, situándoles en una posición de privilegio e inviolabilidad de la que no gozan el resto de españoles.
La Ley recurrida es también arbitraria porque sirve exclusivamente a los intereses particulares de Sánchez y sus socios independentistas –es un trueque de inmunidad por apoyo parlamentario–, y atenta contra la separación de poderes porque, con ella, el Legislativo invade las competencias del Judicial, revocando situaciones consagradas por sentencias judiciales firmes.
Para mayor bochorno, la norma impugnada es una autoamnistía, al haber participado en la redacción sus propios beneficiarios, lo que supone un gravísimo atentado contra el principio constitucional de seguridad jurídica.
Además, desde el Gobierno central y desde el Partido Socialista han tratado de justificar la amnistía como algo positivo y necesario para la convivencia y la reconciliación y la respuesta al sentir mayoritario de la sociedad. Y nada más lejos de la realidad porque es una Ley aprobada con el voto en contra de prácticamente la mitad de los diputados, de la mayoría absoluta del Senado y con la oposición de la amplia mayoría de autonomías.
La Comunidad de Madrid ha impugnado la amnistía porque, en su tramitación, se han infringido diversos preceptos constitucionales y del Reglamento del Congreso, dando como resultado la aprobación de una reforma encubierta de nuestra Constitución.
Asimismo, la utilización de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia para su aprobación constituyen un palmario fraude de ley, al haberse empleado con la espuria finalidad de evitar que se pronuncien sobre el texto determinados órganos administrativos, consultivos y constitucionales, y de reducir al mínimo la capacidad de acción de diputados y senadores contrarios a la amnistía.
Recordemos que los promotores de semejante aberración legislativa han hecho caso omiso a los numerosos informes que subrayan la inconstitucionalidad de esta Ley, emitidos por el CGPJ, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.
Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recusado al presidente del Constitucional, Cándido Conde- Pumpido, y a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su descarada vinculación con el PSOE, partido que registró la proposición de Ley en el Congreso y que, por tanto, tiene interés directo en que se declare su conformidad con nuestra Carta Magna, toda vez que la permanencia de Sánchez en la Moncloa depende de ello.
En todo caso, el TC no debería cuestionar, como parece que podría hacer, el derecho de las autonomías a recurrir esta norma pues su legitimación está constitucionalmente reconocida y tiene como principal objetivo depurar el ordenamiento jurídico de normas manifiestamente inconstitucionales, como la amnistía.
En fin, estamos ante la más grave aberración legislativa cometida por Sánchez y sus socios hasta la fecha y, por este motivo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cumpliendo con una obligación no solo legal sino, también, moral, ha recurrido esta Ley inconstitucional, inmoral y profundamente desleal con España y los españoles.
Una vez más, y me temo que no será la última, será el Partido Popular, las comunidades autónomas y particularmente Madrid quienes tratemos de poner límites a un presidente que está dispuesto a pagar todos los peajes para mantenerse en el poder, aunque con ello ponga en riesgo la Constitución que ha jurado respetar y la esencia misma de la democracia, así como la unidad de España y el modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978.
- Miguel Ángel García Martín es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid
