La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEuropa Press

Comunidad de Madrid

Ayuso avisa a Yolanda Díaz de los graves riesgos de la reducción de jornada y estudiará si cabe recurrirla

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está radicalmente en contra de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tal y como tiene previsto tramitar de urgencia el Gobierno de Pedro Sánchez la próxima semana. Se trata de una de las medidas estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, sin embargo, según ha analizado la Comunidad de Madrid, supondrá un coste a todos los sectores afectados de más de 4.000 millones de euros sólo en la región capitalina.

El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, daba cuenta este miércoles tras el consejo de Gobierno semanal de un informe elaborado por la Consejería de Economía donde analizan los efectos adversos que esa reducción de jornada va a tener, principalmente entre hosteleros y comerciales, a quienes la medida costará más de 2.600 millones de euros.

Desde el Ejecutivo autonómico no sólo lamentan el coste económico sino que, además, advierten que la medida va a destruir empleo y que va a traer consigo una gran inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España.

El informe también recuerda que, con la legislación actual, ya pueden reducirse las horas semanales por debajo de ese máximo legal de 40 horas y, de hecho, enumeran más de un millar de convenios colectivos donde ya está establecido un horario de trabajo de 37,5 horas semanales.

El documento critica que «se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa».

«El nuevo texto estatal carecen de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que pueden generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán los efectos nocivos», señalan en el informe.

Desde la Consejería que capitanea Rocío Albert ya se ha remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto Ley. Además, según ha avanzado este miércoles el portavoz de Ayuso, los servicios jurídicos de Madrid estudiarán, llegado el momento, si cabe cualquier tipo de recurso a la medida. Con todo, mencionó que se trata de una competencia del Gobierno de España.

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