El Gobierno usa las universidades como nuevo pretexto para ahondar en su guerra contra Ayuso

Poco ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez en revelar que sus ataques a la universidad privada no son más que un nuevo pretexto para arremeter contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía este martes durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, que con sus declaraciones puso de manifiesto la verdadera intención de Moncloa al abrir este melón: arremeter contra el modelo universitario madrileño, donde conviven seis universidad públicas y trece privadas.

Según Alegría, la modificación de urgencia del real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios para endurecer los requisitos para abrir universidades privadas no supone una «confrontación» entre privadas y públicas y si «Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo lo plantean así, es que están mintiendo».

La portavoz gubernamental acusó al Gobierno madrileño de «haber recortado un 30 % de la financiación a la universidades públicas en los últimos años» y de ser la comunidad autónoma donde «más caros son los másteres y los grados». Unas acusaciones que llegaron justo después de que Díaz Ayuso tildara de «suicidio» la pretensión de limitar «un derecho constitucional» como es el de que cualquier persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene para fundar y dirigir centros docentes privados.

«A Ayuso la veo siempre muy elocuente tratando de introducir debates estériles. Que cumpla con sus obligaciones y destine más fondos y más recursos a la universidad pública de Madrid», manifestó Alegría demostrando, una vez más, el afán del Gobierno de Sánchez de atacar a la región capitalina con cualquier excusa.

De hecho, según Díaz Ayuso, el objetivo de Sánchez es «dividir» y sembrar el «guerracivilismo» en todos los aspectos de la vida y, en este caso, crear un fingido enfrentamiento entre la universidad pública y privada que, en la realidad, «coexisten a la perfección».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín cree que «Ayuso está nerviosa porque ve peligrar la expansión de chiringuitos pseudo-universitarios que se libran a costa de rebajar la calidad educativa».

«En el Madrid de Ayuso se hace negocio con la mediocridad universitaria y esto se acabó», sentenció el «delegado del sanchismo en Madrid», tal y como le han bautizado desde la Puerta del Sol, terminando de delatar al Gobierno central, cuya única pretensión parece ser confrontar con Madrid a toda costa y con cualquier tema.

Cortina de humo

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, tiene claro que este debate sobre las universidades privadas no es más que «la enésima cortina de humo de Sánchez para tapar que no tiene Gobierno, que está rodeado de corrupción y que depende de comunistas, independentistas y bilduetarras». Además, considera que es «una ataque a la Constitución, al Estado de Derecho, a la libertad de empresa y educativa y, como no, un ataque a Madrid».

«No soportan que demostremos cada día que el modelo de vida en libertad de Madrid funciona y es maravilloso», expresaba este martes el consejero, que recordó que también supone una invasión de competencias, puesto que son las comunidades autónomas las encargadas de las universidades en sus respectivos territorios.

Viciana aseguró que es el Gobierno de Sánchez el que «más daño ha hecho a la universidad pública» y le acusó de mentir cuando dice que va a invertir 30 millones de euros en la UNED para relanzarla cuando, realmente, «debe dinero a la UNED».

El consejero, que hace meses estalló frente a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras la firma del convenio de Universidades María Goyri, un convenio que calificó de «una cacicada», «una trampa», «una chapuza» o «un chantaje», acusó a la ministra de dejar tiradas a las universidades.

«Morant prometió que iba a financiar la contratación de todos los profesores en 2024 y ahora se desdice y deja colgadas a las universidades. Las comunidades somos las únicas que cumplimos nuestra parte del convenio», lanzaba ayer, antes de recordar que el Gobierno madrileño «defiende tanto la universidad pública como privada, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, a los alumnos y a sus familias».