La mitad de los adolescentes pasa más de cinco horas diarias conectado a internet durante el fin de semana

Los riesgos a los que se enfrentan los menores de edad, fruto del acceso universal a la tecnología y a la conectividad que esta implica, están hoy más presentes que nunca. Conscientes de la importancia de esta situación y de la necesidad de conocer, prever y saber cómo actuar ante la problemática que puede generar, el Grupo Previsión Sanitaria Nacional ha celebrado su primera jornada Conectados y ¿protegidos? Defiende a tus hijos de los riesgos de las redes, con la participación de expertos de primer nivel que han tratado los riesgos derivados del uso de las redes, plataformas, foros y aplicaciones potencialmente nocivas, las claves para detectar si algo no va bien y las pautas para afrontar situaciones delicadas.

Entre las cuestiones más destacadas del encuentro, se encuentran los tiempos de visualización de pantallas de los adolescentes en la actualidad. Según el Estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, elaborado por Unicef, un 31,6 % pasa más de cinco horas diarias conectado a internet cualquier día entre semana, un porcentaje que durante el fin de semana se eleva hasta el 49,6 %. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos recibió 422 reclamaciones en su canal prioritario (para la atención de situaciones excepcionalmente delicadas) en 2022. Igualmente, se ha advertido de la proliferación de una nueva modalidad de acoso entre menores: el happy slappying.

En este sentido, el presidente del Grupo PSN, Miguel Carrero, alude al especial riesgo al que se enfrentan las personas en la etapa infanto-juvenil, haciendo referencia además a que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes: «El riesgo es innato, pero el peligro depende de las circunstancias, y debemos hacer lo posible por gestionar esas circunstancias a evitar», afirma.

Por otro lado, Salvador Serrano, responsable del Área de Protección de datos de PSN Sercon, describe la problemática y el escenario actuales, desgranando cuáles son los tipos de delitos más frecuentes en este ámbito. La edad de acceso al teléfono móvil no alcanza siquiera los 11 años (mientras la normativa española marca los 14 años como edad mínima, llegando la europea a los 16), siendo los usos más habituales chatear, escuchar música, participar en redes sociales o ver vídeos o directos. Más del 83 % de estos menores tiene perfil en al menos tres redes sociales, y más del 61 % cuenta con más de un perfil en una única red, siempre según el informe de Unicef.

Serrano habla del grooming (manipulaciones por parte de adultos para llegar al abuso sexual) o el sexting (difusión desproporcionada de imágenes comprometidas del menor), y el ciberbullying (entre menores de la misma edad). La prioridad para los padres es la detección a tiempo en medida de lo posible, tanto en lo que respecta a la víctima como al agresor. Asimismo, cita las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría de acceso a dispositivos y consumo mediático en función de la edad, evolucionando desde el no consumo hasta la ayuda a la toma de decisiones responsables. Asimismo, Serrano ha hecho referencia a los consejos derivados de un contrato sobre este tema compartido por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el que se establecen los modos de proceder por parte de padres e hijos.

«Nos enfrentamos a un grave problema de salud pública. No olvidemos las crecientes tasas de suicidio entre menores, en las que la tecnología tiene un papel importante», afirma Julián Prieto, subdirector general de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Los menores merecen una especial protección debido a su vulnerabilidad. «Desde la Agencia queremos sensibilizarles en el valor de la privacidad, educar en el uso responsable, evitar las situaciones de riesgo y concienciar sobre su gravedad». Habla, en ese sentido, el derecho a la educación digital, donde se dice que los padres o tutores procurarán que hagan un uso responsable de los dispositivos.

Según él, la violencia digital hace referencia a la difusión pública de datos privados a través de las tecnologías, más dañina por ser más perdurable en el tiempo y más accesible, con graves consecuencias psicológicas. «Los jóvenes, las mujeres y las mujeres jóvenes son los más afectados». La AEPD ha puesto en marcha un canal prioritario para suprimir y evitar la viralización de estos contenidos, con un total de 422 reclamados en 2022 y 60 intervenciones urgentes. En cuanto a las sanciones, Prieto comenta algunas impuestas por 5.000 y 10.000 euros por difusión de la imagen de un menor.

Sobre las responsabilidades y consecuencias legales en este tipo de delitos, las tipologías de casos que llegan a los juzgados o la reinserción del menor en la sociedad explica Gemma Martín Peinador, hasta hace solo unos días Fiscal de Menores y en la actualidad Fiscal de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General.

En cuanto a la jurisdicción de menores, ha explicado que se atiende tanto al infractor (14-17 años exclusivamente) como al que está en riesgo de desamparo. En el primer caso, «se trata de rescatar al menor, que no vayan a la liga de mayores y que se quede en el ámbito educativo, institucional o familiar». En ambos casos, los adultos responsables no suelen acudir a Fiscalía en una actitud de escucha activa debido a las distintas circunstancias de sus hijos. En la justicia juvenil se pretende rehabilitar al menor, evitar ir a juicio, siempre en función del delito, y también se atiende al afectado. Martín, por otro lado, ha añadido otro tipo de acoso que está muy presente en la fiscalía: el happy slappying, consistente en grupos de jóvenes que quedan para abofetear a otro, difundiendo las imágenes.

La fiscal incide en la necesidad de transmitir empatía tanto para evitar este tipo de acciones como para educar a los infractores. Asimismo, recalca que se pretende evitar la victimización excesiva de los afectados. En resumidas cuentas, la reinserción va a depender en gran medida del entorno familiar y social, la adherencia a los programas educativos impartidos, la ausencia o rehabilitación de adicciones y patologías previas, entre otros factores.