Febrero de 1942: cuando el presidente Roosevelt autorizó los campos de concentración en Estados Unidos

El domingo 7 de diciembre de 1941 la guarnición de la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en las islas Hawaii, tuvo un inolvidable despertar al sufrir el ataque japonés que dejaría un siniestro resultado: 2.403 muertos y 1.178 heridos además de cuatro acorazados hundidos, otros cuatro seriamente dañados y más de trescientos aviones destruidos o fuera de combate. El ataque de Japón obligó a EE. UU. a entrar dentro del gran conflicto que sería bautizado como Segunda Guerra Mundial.

Antes de que este ataque tuviera lugar, y debido a la creciente tensión entre el Imperio nipón y los EE. UU., el presidente Franklin D. Roosevelt encargó una investigación a cerca de los estadounidenses de origen japonés residentes en la costa oeste del país, la principal zona de concentración de este grupo étnico.

El resultado, con fecha de 7 de noviembre de 1941, «certificó un notable, incluso extraordinario, grado de lealtad en el grupo étnicamente sospechoso». Pero la desconfianza patológica de algunos individuos (notablemente J. Edgar Hoover director del FBI) y las campañas de prensa señalando a estas personas como miembros de grupos quinta-columnistas acabaron por generar un estado de paranoia.

Tras el ataque a Pearl Harbor, y en conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, se emitieron las Proclamaciones Presidenciales 2525, 2526 y 2527 designando a los japoneses, italianos y alemanes residentes en EE. UU. como enemigos. Presionado por sus propios compañeros de partido Roosevelt terminaría firmando, el 19 de febrero de 1942, la controvertida orden ejecutiva 9066 por la cual se autorizaba a los comandantes militares a designar áreas militares «de las cuales toda o cualquier persona puede ser excluida».

Con el tiempo esas «zonas de exclusión» llegaron a abarcar más de un tercio de todo el territorio. En la práctica esto se convirtió en el desalojo y traslado forzoso, de la costa oeste de la nación norteamericana, de toda la población de origen japonés. Incluyendo los que tuvieran la nacionalidad norteamericana, incluso de segunda y tercera generación, denominados comúnmente Nisei. El desalojo se inició el 24 de marzo de 1942.

Esta medida fue apoyada por buena parte de la población ya que no solo se señalaba un chivo expiatorio también eliminaba a peligroso competidores entre diferentes actividades económicas (tenderos, agricultores, etc). En total se estima que un grupo de entre 120.000 a 160.000 personas de ascendencia japonesa estuvieron sujetos al programa de exclusión masiva, incluyendo: los enfermos mentales, los niños, ancianos, inválidos y 101 huérfanos que fueron sacados de los orfanatos y casas de acogida.

El 18 de diciembre de 1944 la Corte Suprema de EE. UU. dictó dos decisiones sobre la legitimidad y legalidad de la orden ejecutiva 9066. La primera (Korematsu contra EE. UU.) declaró que, en general, la expulsión de los ciudadanos norteamericanos de origen japonés de la costa oeste no era constitucional. La segunda decisión (denominada Ex Parte Novo) declaró que los ciudadanos leales a EEUU, independientemente de su origen racial o cultural, no podían ser detenidos sin causa.

El gobierno de Roosevelt, en vista de las dos decisiones del Tribunal Supremo, publicó la Orden Pública número 21 por la que se rescindía la orden de exclusión pero se hizo que entrara en vigor a finales de enero de 1945 para que así no afectara a las elecciones para la reelección de Franklin Delano Roosevelt como presidente de la nación.

Los norteamericanos de origen japones fueron alojados en diez campos de internamientos ( para no llamarlos de concentración). Estos individuos lo perdieron todo. Apenas se les dio una hora para recoger lo imprescindible que pudieran cargar en un par de maletas. Propiedades, negocios, recuerdos...Todo lo perdieron. Incluido los derechos adquiridos por el arriendo y explotación continuado de: viviendas, comercios, tierras de labor, etc. Se conocen siete casos de asesinatos.

Siete Nisei que pretendieron recuperar su propiedad, algo a lo que los nuevos dueños no estuvieron de acuerdo, pero pudieron ser muchos más. Se sospecha que los no denunciados o que jamás se dieron a conocer pueden multiplicar la cifra. En cambio los informes por agresiones, robos y vandalismo sufridos por estos nuevos parias se cuentan por miles.

En 1976 el presidente Gerald Ford firmó una proclama que ponía definitivo fin a la orden ejecutiva 9066. El 27 de septiembre de 1992 el presidente George H.W Bush promulgó las enmiendas a la Ley de Libertades Civiles que asignó un fondo de 400 millones de dólares que garantizaba que cada uno de los detenidos recibiera una indemnización de 20.000 dólares junto a una nota oficial de disculpa por parte del gobierno de los Estados Unidos.